Agencias
MÉXICO, D.F.- El procurador General de República, Jesús Murillo Karam, aceptó que la seguridad en Michoacán se ha visto afectada por la situación política que vive el estado, luego de que el gobernador Fausto Vallejo extendiera su licencia por problemas de salud en un órgano vital y que siguiera como gobernador interino Jesús Reyna.

En entrevista, Murillo Karam aseguró que “sí afecta (la situación política), no tengo la menor duda, pero es una cuestión que no queda en nuestras manos. La enfermedad del gobernador (Fausto Vallejo) es real, así como su recuperación posible es real”.

Murillo Karam aseguró que no pueden violentar la voluntad de las personas que eligieron a Vallejo Figueroa para que los gobernara, “ni hacer cosas que no debamos hacer”, ya que hay que hacer las cosas correctamente.

También dijo que es clara la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de no violentar la ley, por lo que se deben de hacer las cosas como ésta la marca para “no convertirnos en el problema que queremos evitar”.

Descarta retiro

El procurador aseguró que los ataques a elementos de la Marina y la Policía Federal son debido a la lucha de dos grupos delictivos que están luchando por el control de una plaza.

Desechó la idea de cambiar la estrategia contra el crimen o de retirar a la Marina y Ejército del estado, ya que hay una recuperación del control territorial de Michoacán; hay detenidos y tercero porque elementos de seguridad “están ahí”.

Aseguró que sería un error retirar a los elementos de la Marina y Ejército del estado sin antes ver los resultados, ya que la estrategia de seguridad está funcionando.

El procurador señaló que “esta vez sí se va acabar con la inseguridad en la región” porque “esta vez se está haciendo con una estrategia clara. A veces hay quien pone en duda si existe una estrategia. Es evidente que la hay. La primera parte es prevención, pero aquí no hay que prevenir, hay que enfrentar”.

Apuntó que esta ocasión existen dos puntos a su favor: una estrategia y coordinación entre los diversos poderes encargados del combate a la delincuencia y el crimen organizado.