Miriam Castillo/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que México se encuentra propenso a sufrir catástrofes naturales, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) no funciona de la mejor manera.

El gobierno federal, aunque lo tiene como una de las metas de inicio de sexenio, no cuenta con un diagnóstico general sobre el grado de vulnerabilidad de la sociedad y los planes que diseña solo solucionan las cosas una vez que ocurrió la catástrofe, sin prevenirla.

Esto eleva los costos para la rehabilitación de las comunidades afectadas, que en lo que va del sexenio suman 56 mil 455 millones de pesos.

Lo anterior lo asegura el estudio Evaluación de la Política Pública de Protección Civil, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Este es el tercer diagnóstico que hace la auditoría en el mismo sentido desde 2011 (primero ese año, el segundo en 2013 y el último en la Cuenta Pública del año pasado).

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Según lo evaluado, las estrategias del gobierno federal no logran mitigar los riesgos, debido a que no se cuenta con información, y cuando ésta se obtiene, no se incorpora a un sistema o no se encauzan plenamente los esfuerzos.

"Prevalece el enfoque reactivo de la política pública, la cual, al estar orientado a la atención de los efectos del problema, no es capaz de atender por completo sus causas ni de cumplir cabalmente con el objetivo central de la política pública, que es reducir la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública a fin de preservar la integridad física y patrimonial de la población", se dice en el estudio. La ASF ya ha hecho recomendaciones en el mismo sentido en años pasados.

En las auditorías de 2011 y 2013 determinó que los recursos se perdían o desaprovechaban por el entramado legal que se requería para acceder a ellos.

A partir de dichas recomendaciones se modificó en 2012 la Ley General de Protección Civil, todavía con la administración anterior.

Una vez que se modificó, pasaron dos años para que se emitiera el reglamento para la operación de la ley, lo que sucedió en 2014.

Con la expedición de ese reglamento se determinó que debe haber un sistema nacional de protección civil y un atlas general de riesgos con el que cuente el gobierno federal. También se establecen los caminos para coordinar acciones del Sinaproc y las responsabilidades de cada institución.

Sin embargo, según la auditoría, las reglas de operación imponen limitaciones que "resultan en obstáculos para asegurar que la recontrucción reduzca los riesgos preexistentes"; además, la coordinación de las autoridades presenta incongruencias y duplicidad de funciones.

El estudio ejemplifica que en los últimos años se ha destinado poco para tratar de ejercer acciones que atienden catástrofes, debido a que de 2004 a 2014 solo se ha gastado 0.2 por ciento del presupuesto en acciones para prevenir desastres, mientras que el restante 99.8 por ciento se ha utilizado para el auxilio y recuperación de lo que se perdió por cualquier tipo de desastre.

De acuerdo con el informe de resultados de la Cuenta Pública 2015, el Manual de Organización del Sistema Nacional de Protección Civil no está armonizado con las leyes generales, lo que limitó la coordinación del Sinaproc para la puesta en marcha de medidas de prevención en el contexto de la gestión de riesgos.

Los riesgos

• La ubicación geográfica de México lo expone a una amplia variedad de fenómenos naturales, ya que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra la mayor actividad sísmica del mundo; cuenta con 31 volcanes potencialmente activos.
• Se encuentra en la región intertropical, lo que provoca que reciba una media anual de 24.5 ciclones y cuatro huracanes. Posee una vasta diversidad de climas que pueden tornarse severos.
• Las dinámicas social y económica provocan que México esté expuesto a fenómenos de origen antropogénico, como incendios, epidemias, explosiones, accidentes industriales, entre otros.