Alfredo González                                 

Ciudad de México.- Aunque la Secretaría de Hacienda les negó a los contribuyentes una ampliación del plazo para las declaraciones de impuestos por el coronavirus, a los funcionarios públicos federales les otorgó una prórroga de dos y medio meses para que presenten su declaración patrimonial con extensión hasta el 31 de julio.

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592077&fecha=22/04/2020) por la Secretaría de la Función Pública (SFP), la dependencia argumenta que la presentación de declaraciones patrimoniales, cuyo plazo vencía el 15 de mayo, se extenderá hasta el 31 de julio.

"Con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el Coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19)".

La medida contrasta con la negativa del Gobierno a conceder por el mismo motivo una prórroga de tres meses a los contribuyentes, tanto empresas como personas físicas, para la presentación de sus declaraciones anuales de impuestos y sus pagos provisionales.

El martes, la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey reveló que un 62 por ciento de los negocios micros, pequeños, medianos y grandes en Nuevo León no podrá pagar sus impuestos en abril en medio del rechazo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a otorgar a los generadores de empleo apoyos fiscales por la contingencia del Covid-19.

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"Se amplía el plazo para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción II del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hasta el 31 de julio de 2020", señala el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.

"Para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, incluidas aquellas que deberán presentarlas por primera vez", argumenta el acuerdo.

Bernardo Elizondo Ríos, socio del despacho Adame Elizondo, consideró que la determinación del Gobierno de otorgar este plazo a los funcionarios públicos implica una situación de inequidad desde el punto de vista jurídico, siendo que todas las personas deben ser iguales ante la Ley.