Agencias

Ciudad de México.- En México existen 21.3 millones de personas en rezago educativo, a pesar de que el promedio de la armonización del derecho a la educación en las legislaciones locales es de 85.31%.

Estas cifras evidencian la importancia de que las leyes impacten en la vida de la población y se materialicen, destacó el sexto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Ulises Carmona Tinoco, al presentar la Plataforma de Armonización Normativa. Análisis en Materia de Educación.

En el acto, reveló que esa herramienta, implementada por la Comisión Nacional, registra los avances que se dan en la recepción dentro del orden jurídico nacional de las normas contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, informó Notimex.

La armonización normativa es fundamental para facilitar la exigibilidad de derechos a las autoridades, además de impactar en la vida de las personas, es decir, materializarse mediante su aplicación.

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Reveló que de acuerdo con el examen normativo efectuado, en México se identificó un avance del 10% en el derecho a recibir educación con disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y del 95% a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Por otra parte, se ha avanzado 64.3% a la libertad de expresión, 73.1% a la libertad de información y comunicación, 97.5% a los beneficios de la cultura y 98.7% al acceso al progreso científico y tecnológico.

Además, se reporta un avance de 85% a la no discriminación, 91.2% al acceso a los servicios educativos a personas con discapacidad, 65% a la libertad académica y autonomía en instituciones de educación superior y de 83.1% a la no regresividad.

Al leer un mensaje en representación del ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, el sexto visitador de la CNDH recordó que a partir de 2011 en México se presentó un nuevo escenario constitucional en materia de derechos humanos.

El ombudsperson nacional subrayó que se ha dado un paso muy importante al integrar las normas del derecho internacional de los derechos humanos al sistema jurídico nacional. Sin embargo, de no impulsar su efectivo cumplimiento, sería crear letra muerta en nuestras leyes, situación que no se puede permitir.