Boston evalúa frenar orden sobre ciudadanía por derecho de nacimiento
El sector afectado por la orden de Trump, serían los hijos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Un juez federal en Boston está considerando una solicitud presentada por 18 fiscales generales estatales para bloquear la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
El juez de distrito Leo Sorokin, designado por el expresidente Barack Obama, es el tercer magistrado federal en analizar impugnaciones contra la medida en la misma semana.
Aún no se sabe cuándo emitirá su decisión sobre la solicitud de los demandantes, entre los que se encuentran los fiscales generales de varios estados y las ciudades de San Francisco y Washington.
ARGUMENTOS EN DEFENSA DE LA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Campbell, defendió la constitucionalidad del principio de ciudadanía por nacimiento.
“Millones de estadounidenses nacieron de padres inmigrantes y cientos de millones pueden rastrear su ciudadanía a ancestros inmigrantes; ancestros que construyeron nuestro país e impulsaron nuestra economía bajo la protección de la 14ta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.
Campbell también criticó la orden ejecutiva de Trump, afirmando que el presidente "no puede cambiar la Constitución con un simple decreto".
Otras dos cortes federales ya habían bloqueado la orden esa misma semana. En Maryland, un juez suspendió la medida a nivel nacional en respuesta a una demanda de grupos de derechos migratorios. En Seattle, otro juez criticó lo que describió como un intento del gobierno de Trump de modificar la Constitución a través de una orden ejecutiva.
POSIBLES REPERCUSIONES DE LA ORDEN DE TRUMP
Los demandantes en Boston argumentan que la ciudadanía por nacimiento está protegida por la Constitución y que la orden de Trump es un ‘intento ilegal y flagrante’ de despojar de su ciudadanía a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos.
También advierten que la medida podría afectar los fondos estatales destinados a servicios esenciales como la atención médica infantil y los programas educativos para niños con discapacidades.
“La rama ejecutiva no tiene más poder para despojar de sus derechos constitucionales a la ciudadanía por nacimiento porque piensan que esto desincentivará la entrada ilegal que el que tienen para despojarlos de sus derechos consagrados en la Primera Enmienda, su derecho al debido proceso o su derecho a una protección igualitaria”, señaló Shankar Duraiswamy, procurador general adjunto de Nueva Jersey.
Por su parte, Eric Hamilton, en argumentos presentados a nombre del Departamento de Justicia, señaló que los estados demandantes interpretan erróneamente la 14ª Enmienda y que la orden ejecutiva es válida.
El lunes 10 de enero, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos presentará otra impugnación ante un juez federal en Nueva Hampshire.
Estados Unidos es uno de los cerca de 30 países que otorgan la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio conocido como jus soli o “derecho del suelo”. Este sistema es especialmente común en el continente americano, donde naciones como Canadá y México también lo aplican.
Con información de AP