El gobierno de Estados Unidos ha impuesto un paquete de sanciones contra 21 funcionarios vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, incluyendo miembros de su aparato de seguridad, debido a su presunta participación en el fraude electoral y acciones represivas tras las elecciones del 28 de julio.

Un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, señala que entre los sancionados figura Daniella Desiree Cabello Contreras, hija del ministro del Interior de Venezuela. 

Las autoridades estadounidenses acusan a los sancionados de apoyar medidas que, supuestamente, ejecutaron las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil y perpetuar su mandato de manera fraudulenta.

Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is sanctioning 21 security and cabinet-level officials aligned with Nicolas Maduro. https://t.co/Sb5YNPZAVB

— Treasury Department (@USTreasury) November 27, 2024

El texto subraya que estos actos ‘ignoran la voluntad de la mayoría de los votantes’, quienes habrían elegido a Edmundo González Urrutia como nuevo presidente. 

Además, señala que fuerzas de seguridad vinculadas a los sancionados realizaron detenciones masivas y violentas de opositores, privando a la población de su derecho a la reunión pacífica.

Entre las tácticas denunciadas se encuentran arrestos arbitrarios, como el del propio González Urrutia, quien habría sido forzado a abandonar Venezuela. 

“Todo esto supone un intento desesperado de silenciar las voces de los ciudadanos”, indicó Bradley T. Smith, subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

El Departamento del Tesoro enfatizó que seguirá tomando medidas contra quienes utilicen la violencia y la intimidación para debilitar la democracia y restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión. 

Hasta la fecha, más de 2 mil personas han sido sancionadas por actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

¿Quiénes se encuentran en la lista de sancionados?

La lista incluye figuras clave como Aníbal Coronado, ministro de Despacho de la Presidencia; Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación; y Julio García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios. 

También están implicados altos cargos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Con información de Reforma