Washington.- Los tribunales de inmigración de Estados Unidos propusieron el viernes aumentar las tarifas de solicitudes y apelaciones en cientos de dólares, una medida que según los defensores de migrantes impedirá a muchos de sus clientes acceder a la justicia.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración quiere aumentar la tarifa por apelar el fallo de un juez de inmigración de 110 a 975 dólares, bajo el argumento de que el precio por manejar las solicitudes excede por mucho el costo.

“Aunque las tarifas propuestas parecen altas en comparación con las tarifas actuales, la agencia no ha incrementado sus precios desde 1986”, escribió en un anuncio publicado en el Registro Federal.

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Las cortes de inmigración enfrentan un enorme atraso de casos y los migrantes a menudo esperan durante meses o años para tener una audiencia, ni qué hablar de un fallo, sobre si podrán quedarse de manera legal en Estados Unidos.

Con una carga de trabajo creciente que ha superado el millón de casos pendientes, los tribunales de inmigración están abarcando más que los costos. La agencia dijo que gastó 31 millones de dólares para procesar las solicitudes de apelaciones en el año fiscal de 2018, pero sólo cobró 4 millones en las tarifas por esas solicitudes.

La agencia también propuso subir las tarifas para los inmigrantes que busquen quedarse en el país de manera legal tras vivir ahí por más de una década y quieran reabrir casos.

Los defensores de inmigrantes criticaron la propuesta y acusaron al gobierno del presidente Donald Trump de impedir que los migrantes obtengan un debido proceso al aumentar las tarifas, que señalaron evitarán que la gente apele los fallos de los jueces de inmigración.

“El resultado será la ‘fijación de un precio’ por la justicia para muchos individuos y familias”, dijo la Asociación Americana de Abogados de Inmigración en un comunicado. El grupo añadió que la agencia que supervisa las cortes de inmigración, que es parte del Departamento de Justicia, no está basada en tarifas.

La agencia informó que los inmigrantes pueden buscar una dispensa a las tarifas si no pueden pagarlas.

El público podrá comentar sobre la propuesta hasta el 30 de marzo.