Llaman a más de 50 ex alcaldes de Yucatán a aclarar manejo de recursos públicos

Son 53 ex alcaldes bajo la lupa debido a manejos dudosos

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El polémico ex edil de Kanasín, William Román Pérez Cabrera, deberá explicar varios de sus manejos. (Archivo/Sipse)
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MÉRIDA, Yuc.- Un total de 53 ex presidentes municipales del trienio 2018-2021 y autoridades reelectas el año pasado, incurrieron en más de 900 observaciones en el manejo de recursos públicos de Yucatán durante sus gestiones del año 2020.

Ello fue declarado por el diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, Erik Rihani González. 

Lo anterior forma parte del segundo informe de revisión de la cuenta pública correspondiente al año 2020 enviado por la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) al Congreso local y que consta de 98 informes individuales y un resumen ejecutivo. 

Se trata de 45 entidades fiscalizadas y 53 ayuntamientos, para hacer un total de 98 entes revisados

Afectaciones

Entre los 53 ex alcaldes con observaciones sobre el manejo de recursos públicos figuran el polémico ex edil de Kanasín, William Román Pérez Cabrera; el ex alcalde de Hunucmá, José Alberto Padrón Romero; el ex presidente de Izamal, Fermín García Avilés; el cuestionado alcalde reelecto de Motul, Roger Aguilar Arroyo, y la polémica alcaldesa reelecta de Uayma, Yamili Cupul Vázquez, entre otros. 

El pleno del Congreso del Estado aprobó dicho reporte enviado por la ASEY y ahora inicia un nuevo plazo que concluirá en marzo para que los 53 ex presidentes municipales solventen las citadas observaciones, declaró el diputado Erik Rihani quien hizo un llamado a los ex funcionarios y actuales alcaldes que continuaron por el método de reelección a que acudan a esclarecer los procedimientos. 

“Los municipios fiscalizados tuvieron más de 900 observaciones, muchas de distintos tipos, abundando mucho el tema de control interno. Es muy importante la reforma a la Ley de gobierno de los municipios, mediante la cual se obliga a los ayuntamientos a establecer un órgano interno de control”.

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