MÉRIDA, Yucatán.- Animales torturados, perros envenenados o macheteados, gatos mutilados y hasta violaciones contra animales, son algunos de los actos que se han intensificado durante el tiempo que lleva la pandemia del coronavirus en Yucatán.

Lo anterior, a pesar de que el maltrato y la crueldad animal son delitos penados en la entidad, y peor aún, que muchos casos se dan en Mérida, y otros más, en gran número, en Tekax.

Como ejemplos tenemos casos de gatos maltratados o quemados en colonias y fraccionamientos del sur de Mérida, un gato que fue violado, y en Tekax el caso tan sonado de un hombre de edad avanzada que violó a un perro, y que también fue señalado por torturar, violar y asesinar gatos y perros.

Sin embargo, el maltrato se da a otras especies, de acuerdo con lo que denuncian organizaciones en defensa de los derechos de los animales. Entre ellas, los caballos, gallos y zarigüeyas. Igualmente se mencionan los “torneos de lazo” que si bien están prohibidos por las autoridades, hasta antes de la pandemia se realizaban libremente.

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Como se ha mencionado, desde 2013 entraron en vigor reformas al Código Penal de Yucatán que establecen penas que van desde 3 meses a un año en prisión, y multas de entre 4 mil 237 pesos y 8 mil 474 pesos para quien maltrate a un animal en el estado.

Aunque dichas sanciones iban encaminadas a disminuir el maltrato animal, al parecer son “letra muerta” pues los casos no sólo continúan, sino que incluso se han intensificado, sin que las autoridades puedan hacer gran cosa al respecto.

Activistas comentaron que también existe un reglamento por parte del Ayuntamiento de Mérida, pero a pesar de que se han registrado varias denuncias, muy pocas o ninguna llega al castigo hacia la persona que comete el delito.

Actualmente, legisladores locales preparan una reforma que será presentada ante el pleno del Congreso del Estado y se espera que sea aprobada antes de que termine el mes de septiembre, buscando incrementar las penas en todos los casos de maltrato y crueldad animal.

Además, se pretende que estos delitos se persigan de oficio, sin necesidad de una denuncia ciudadana.