MÉRIDA, Yucatán.- Desafortunadamente, a pesar de las revisiones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) ha realizado en las cárceles públicas estatales, continúan presentando deficiencias, carencias e irregularidades, aseguró el ombudsman Miguel Óscar Sabido Santana.

Precisó que dado lo anterior, iniciaron este año convenios de colaboración con los municipios, los cuales a la fecha ya son alrededor de 60 y se espera que durante este mes y el próximo se tenga con los 106 ayuntamientos.

Indicó que durante 2021, a pesar de la pandemia, se lograron hacer revisiones a los 125 centros de salud, a las 106 cárceles municipales y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como 30 supervisiones aleatorias que se realizaron de manera conjunta con representantes del mecanismo nacional contra la tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De igual modo, continuó, se lograron supervisar los ocho hospitales públicos del estado, cuatro Centros de Reinserción Social (Cereso), el Centro Especializado En La Aplicación De Medidas Para Adolescentes (Ceama) y, el Centro De Atención Integral Al Menor En Desamparo (Caimede).

“Desde la comisión surgió una iniciativa de crear un reglamento municipal de derechos humanos que en cada ayuntamiento exista una unidad de derechos humanos que se encargue de transversalizar los derechos humanos al interior de los ayuntamientos y buscar una vinculación entre ellos y la Codhey para evitar violaciones los derechos humanos”, explicó.

Lamentó que las cárceles publicas continúan en malas condiciones a pesar de que en 2014 se hizo una recomendación general al respecto, siempre ha sido un problema sobre todo durante los cambios de administración.

Aseguró que la mayoría siguen en malas condiciones aunque las hay que cuentan con infraestructura en buenas condiciones y que atienden y respetan ciertos derechos, pero son pocas.

Resaltó que entre las que tienen mejores condiciones respecto a infraestructura son las de Mérida, Tizimín, Valladolid y Buctzotz.

En cuanto a las otras, detalló, no tienen bandos de policía, no brindan alimentos, no tienen médico, no se les permiten llamadas, no hay vigilancia suficiente ni buenas condiciones de higiene, iluminación y ventilación.

Agregó que el tema es preocupante y después del informe de la Codhey, se buscará emitir informes especiales para lograr incidir en los Ayuntamientos para que trabajen y atiendan la situación.

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