MÉRIDA, Yucatán.- La pandemia del Covid-19 en Yucatán se ha ensañado con el personal de las corporaciones policiacas y en materia de procuración de justicia, que han sufrido el deceso de al menos 16 elementos, ya que son quienes están en primera línea para mantener la seguridad en el Estado o para aplicar medidas para evitar la propagación del virus.

Los brotes de esta enfermedad entre los cuerpos de seguridad se han dado en tres momentos; al inicio de la pandemia a finales de marzo, al paso de las tormentas tropicales “Amanda” y “Cristóbal” a finales de mayo y principios de junio, y cuando se aplicó la primera ola de la reactivación económica y movilidad en junio, cuando muchas personas relajaron las medidas de prevención y no aplicaron la sana distancia.

Esto obligó al Gobierno del Estado a implementar medidas más severas, como la decisión a mediados de este mes, estableciendo la restricción vehicular a partir de las 22:30 horas hasta las 5:00 horas, en el Estado y en la costa de las 21:00 horas a las 5:00 horas, el regreso de la ley seca para evitar fiestas y reuniones.

Los elementos de los cuerpos de seguridad estatal, municipal y federal permanecen en la primera línea de contacto con los ciudadanos para exhortarlos a respetar el uso obligatorio de cubrebocas, sana distancia y las restricciones de movilidad como una medida para evitar la propagación del virus.

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Sin embargo, uno de los peligros de contagio es que los policías tienen un contacto físico al momento de efectuar arrestos, al igual que los paramédicos al atender a lesionados y los bomberos al realizar rescates.

El personal de los cuerpos policiacos, de procuración e impartición de justicia cuando trabajan utilizan todos los insumos posibles para prevenir el contagio del virus, pero pueden ser contagiados por sus familiares que realizan diligencias como ir al supermercado y comprar alimentos.

Mientras tanto, el personal de procuración de justicia también tiene un alto grado de contagio, debido al contacto directo con los ciudadanos que acuden a interponer denuncias, tomar las declaraciones de los detenidos y testigos.

El personal del Instituto de Ciencias Forenses también corre riesgo al hacer las valoraciones médicas de los detenidos y a las víctimas, así como la toma de huellas digitales para los certificados de antecedentes y el levantamiento de cadáveres.

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La pandemia también ha alcanzado a los Centros de Reinserción Social en el Estado y han causado la muerte de dos internos y un custodio, a pesar de que se cancelaron las visitas de familiares y hay estrictas medidas de prevención para ingresar a los reclusorios.

El Poder Judicial del Estado no ha sido la excepción y la proliferación de casos de Covid-19 en sus elementos ha obligado al cierre de la atención al público en los juzgados familiares, civiles y mercantiles, y los de materia penal solo atienden los casos para resolver la situación jurídica de los detenidos y en cuanto a la libertad.

Los juzgados civiles reiniciaron labores el 17 de junio pasado, luego de una suspensión de tres meses, pero ante la proliferación del Covd-19, se determinó otro cierre. Si las condiciones lo permiten reanudarán el 10 de agosto, de manera escalonada, estas medidas suspenden los plazos jurisdiccionales y administrativos, también las audiencias programadas, solo se atienden los asuntos urgentes.

Las guardias presenciales de todos los Juzgados de primera instancia, incluidos aquellos que actualmente laboran en turno vespertino, durante el período señalado se efectúan en un horario de las 8:00 a las 15:00 horas.