MÉRIDA, Yucatán.- Cinco de los 11 ex regidores de la administración 2015-2018 del Ayuntamiento de Progreso, vinculados por cohecho por más de un millón 200 mil pesos, solicitaron la suspensión condicional del proceso que enfrentan en libertad.

La jueza primero de control de Progreso, Diana Yadira Garrido Colonia resolverá sobre esta petición en audiencia que se llevará a cabo el próximo 23 de julio.

La Suspensión Condicional del Proceso (mecanismo alterno de solución) establece que procederá siempre y cuando el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido y que no hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco desde el incumplimiento.

Los otros implicados están buscando tramitar amparos contra el auto de vinculación dictado por la juez de control de Progreso, Diana Yadira Garrido Colonia.

Incluso, podrán someterse a una suspensión condicional de proceso hasta antes de la audiencia intermedia. También se está manejando la versión que dos de estos últimos, podrían someterse a una suspensión provisional de su proceso antes del día 23 de julio. Los beneficiados tendrán que depositar cada uno 110 mil pesos, que es el monto del dinero que se acreditó que recibieron para no cumplir su encomienda como autoridades.

Como se ha informado, la jueza resolvió vincular a proceso a 11 personas por cohecho, por hechos ocurridos en 2016 en Progreso, derivado de lo expuesto por las partes en audiencia realizada en el Centro de Justicia Oral de Progreso, dando por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La denuncia fue interpuesta por el Ayuntamiento de Progreso 2018-2021, al detectar el ilícito en la entrega-recepción entre las administraciones saliente y entrante. De las revisiones se estableció que el 23 de diciembre de 2016, en funciones como regidores, cada uno recibió 110 mil pesos por firmar un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el Municipio y una empresa, lo que hicieron constar con sus rúbricas en acta de sesión del Cabildo.

Un monto cercano a los 40 millones de pesos fue lo que presuntamente fue desviado por el ex alcalde y sus 10 regidores, en contubernio con una empresa que se adjudicó el cambio de cinco mil 274 luminarias del puerto, que aparentemente no fueron sustituidas en su totalidad y las que instalaron fueron de mala calidad y fallaban constantemente

Tras emitir su resolución, la jueza Garrido Colonia les decretó las medidas cautelares de presentación periódica y sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del Estado, vigentes el tiempo que dure el proceso penal.

Además, la juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de cuatro meses para continuar su investigación complementaria.

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