Alcaldes no hacen caso: niños aún entran a las corridas de toros

A un año de la recomendación de la Codhey para prohibir la entrada a menores a las corridas de toros, sólo cerca del 10% la han cumplido.

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La Codhey propuso prohibir la entrada a menores de edad a las corridas de toros pero ayuntamientos no cumplen. (Milenio Novedades)
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Patricia Itzá/SIPSE

Mérida, Yuc.- A un año de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) recomendó prohibir la entrada de menores de edad a las corridas de toros en los 106 municipios, sólo 15 la han acatado y aún se carece de una norma legal para reforzar la sugerencia, informó ayer esa institución.

Como informamos, en agosto de 2016 la Comisión emitió la recomendación general número 08/2016 dirigida a los todos los presidentes municipales, a quienes solicitó modificar sus reglamentos de espectáculos para prohibir la entrada de niños y adolescentes a eventos taurinos que promuevan algún tipo de violencia.

Sin embargo, a un año de esta medida, más del 90 por ciento de los cabildos no han realizado esa modificación a pesar de la insistencia de este órgano.

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José Enrique Goff Ailloud, presidente de la Codhey, dijo que a pesar de que han llevado al Congreso del Estado este tema para reformar la ley de protección de los derechos de los menores para que expresamente se prohíba su entrada a eventos que promuevan o difundan la violencia, esto no ha ocurrido.

Agregó que con diferentes dependencias de gobierno se instaló el Consejo de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán, cuyo objetivo principal es darle seguimiento a lo señalado por la ONU a México en 2015, siendo éste uno de los principales temas.

“El objetivo principal de esta mesa interinstitucional es darle seguimiento a lo señalado por la ONU, tomar en cuenta lo que dice el comité internacional de los derechos de los niños en donde una de sus principales preocupaciones es prohibir la entrada a los menores a espectáculos taurinos y sus derivados”, explicó.

El Ombudsman señaló que el principal obstáculo a vencer para que todos los municipios acaten la recomendación es la voluntad y la falta de compromiso con los derechos humanos.

“Sabemos que no es una medida popular, pero es una medida que busca garantizarles a los menores de edad una vida libre de violencia y no ser expuestos a situaciones que pueda afectarles en su desarrollo de integridad de física y emocional”, concluyó. 

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