MÉRIDA, Yuc.- Debido al buen nivel de seguridad y los avances en materia de infraestructura tecnológica, las plataformas digitales de entrega a domicilio han tenido un buen desarrollo, contribuyendo de esta forma al crecimiento de la economía, destacaron representantes de firmas de este rubro. 

En entrevista con Novedades Yucatán, Fernando Cota, director de Asuntos Públicos de una de las plataformas más grandes de servicios de entrega por medio de aplicación móvil, destacó que en Yucatán se tiene un total de 2 mil repartidores.

Ello genera un buen número de empleos para las personas que se dedican a esta actividad, lo que promueve la formalidad, además, 10 mil comercios son aliados de la “app”, lo que también permea en el desarrollo de las pequeñas empresas en la entidad. 

“En Yucatán, operamos en Mérida y en Progreso. Promovemos la formalidad, porque todos los repartidores de la plataforma están registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT)” añadió Fernando Cota. 

Hay que recordar, continuó, la importancia que tuvieron las plataformas de entrega durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19. Gracias a esta labor, muchos pequeños negocios pudieron continuar trabajando y generando fuentes de empleo, lo que ayudó a la economía del Estado. 

El directivo explicó que el modelo bajo el que opera la plataforma “Rappi”, es intermediar entre tres tipos de usuarios: los comercios y restaurantes que ofrecen sus productos y su comida, y los usuarios finales que solicitan los alimentos o su lista del supermercado. 

“Los repartidores, en ese sentido, también son usuarios de la plataforma, por lo que procuramos ofrecerles el mejor valor y las mejores opciones del mercado”, apuntó.

Se complica el servicio en Quintana Roo

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo y la Comisión del Congreso en la materia aprobaron una reforma a la Ley de Movilidad, que obligará a los repartidores de plataformas digitales tramitar un permiso del gobierno para poder trabajar y negará ese permiso a los repartidores que no formen parte de un sindicato o cooperativa autorizada.

Además, establecerá un impuesto de 2% a los pedidos, impactando directamente en sus ingresos. 

La iniciativa pasó al pleno y sería aprobada el próximo mes de febrero. Los repartidores del colectivo “ni un repartidor menos” se manifestaron en contra al señalar que la nueva normativa elimina el trabajo libre, ya que ahora tendrán que solicitar al gobierno un permiso para poder trabajar, lo que considera es una violación al derecho constitucional al trabajo. 

La iniciativa prohíbe el uso de mochilas y obliga a la compra de “cajas especiales” que imponga el gobierno de ese estado. Piden ser escuchados por el Congreso, ya que aseguran no fueron tomados en cuenta al momento de elaborar la ley.

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