Resolutivo a favor de Uber, aún no oficial para Yucatán
El Gobierno del Estado se dijo respetuoso de los resolutivos federales en la materia.
Iván Duarte/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- El resolutivo que ayer se hizo público en favor del servicio no regularizado, de la plataforma Uber, aún no llega de forma oficial al Gobierno del Estado local, por lo que el servicio seguirá siendo considerado como “ilegal”.
Mediante un comunicado el Gobierno del Estado se dijo respetuoso de los resolutivos federales en la materia.
Bajo el título; “Yucatán respetuoso del marco legal”, el gobierno local informó entre otras cosas que “Al día de hoy, el Ejecutivo del Estado no ha recibido notificación formal sobre la suspensión definitiva derivada del Juicio de Amparo que se ventila en un Juzgado Federal en materia administrativa, especializado en competencias económica, radiodifusión y Telecomunicaciones”. Es decir, el amparo relacionado con el tema Uber.
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Más adelante en el mismo comunicado, mencionan que “una vez recibida la notificación se conocerán los alcances de la misma”.
Ayer informamos que una jueza federal concedió a la plataforma de contratación de transporte una suspensión definitiva, como parte de una demanda de amparo en la que impugna la reforma de junio de 2016, a la Ley de Transporte de Yucatán para regular este tipo de servicios.
Sobre el tema, la dirigencia del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), a cargo de Héctor Fernández Zapata, ha guardado absoluto silencio y hermetismo respecto del tema, pese a que esta organización de taxistas, solicitó al inicio del conflicto de la plataforma Uber, la cabeza del titular de la Dirección de Transportes del Estado de Yucatán (Dtey), Humberto Hevia Jiménez.
Por su parte, el diputado local Elías Lixa Abimerhi, aseguró que este “fallo” federal evidencia una realidad para Yucatán que pronto estarían capitalizando otras plataformas de transporte privado, puesto que se podrían amparar como lo ha hecho Uber, y de esta forma rechazar la ley o regulación que el Estado intentó imponer a esa empresa.
Considero que el Gobierno local debe realizar un análisis sobre una nueva ruta legal, que permita la libre competencia, y elimine los conceptos o términos bajo los cuales pretenden meter en cintura a estas empresas. Esa nueva ruta debe ser en favor de la libre competencia.