MÉRIDA, Yucatán.- Las zonas arqueológicas podrían ser cerrar al público, luego de que se han cumplido solo cuatro de 20 puntos de la minuta firmada entre autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (Sndtsc), en abril pasado. 

Como parte de un plan de acción que se lleva a cabo desde 2020, los sindicatos y comités de los 32 estados del INAH se reunirán en asamblea nacional extraordinaria los días 27 y 28 de este mes para abordar asuntos presupuestarios pendientes de la dependencia, cuyo incumplimiento podría culminar con la restricción del paso a dichas zonas, informó el dirigente del Sndtsc en Yucatán, Daniel Enrique Vega Cepeda. 

Detalló que los recortes presupuestales ponen en riesgo la operatividad del INAH en Yucatán, mismos que representan un déficit de aproximadamente 1100 millones de pesos que se emplean para las tareas sustantivas del organismo en todo el país, como mantenimiento, difusión, conservación e investigación. 

El líder sindical dijo que desde hace cinco años el INAH no ha cumplido a sus trabajadores, es decir, que no ha solventado prestaciones, como proporcionar herramientas de trabajo (uniformes, camisolas y botas de trabajo), así como vales de insumos como gasolina y aceite, al igual que el mantenimiento para máquinas de limpieza usadas en las zonas arqueológicas. 

Asimismo, manifestó que tampoco se han respetado acuerdos de retabulación para profesionales que han cumplido con ciclos importantes de capacitación académica. 

Vega Cepeda recordó que desde las manifestaciones el año pasado, así como en el bloqueo de las oficinas ubicadas en la colonia Gonzalo Guerrero que tuvo lugar hace cuatro meses, el plan de acción ha contemplado la posibilidad de cerrar dichas zonas arqueológicas, pero se desistió por lo que implica económicamente para el país el turismo. 

“Si en esta ocasión no se tiene respuesta satisfactoria de las autoridades es muy probable que los sindicalistas nos traslademos a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y de Uxmal para montar un campamento de forma permanente”, enfatizó. 

Actualmente, esta situación impacta a los 120 trabajadores afiliados en Yucatán y a un total de tres mil 200 a nivel nacional.

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