Ana Hernández/ Milenio Novedades
MÉRIDA, Yucatán.- EL 2 de junio de 2018 vence el plazo para que Yucatán instale la Comisión Intersecretarial y su reglamento para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado, los 180 días naturales comenzaron a correr ayer.

El documento publicado en el Diario Oficial el lunes pasado indicó que entraba en vigor al día siguiente de su publicación y que abroga la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial el 31 de marzo de 2011.

El Decreto 553/2017 emite la Ley para Prevenir y Combatir la Trata de Personas en el Estado de Yucatán y modifica también el Código Penal de esta entidad, establece la aplicación de esta norma y corresponde en el ámbito de sus respectivas competencias, al Gobierno del Estado y a los Ayuntamientos, “por conducto de sus dependencias y entidades competentes”.

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Esto significa en lo que se refiere a competencias, establece que las autoridades estatales serán las encargadas de investigar, procesar y sancionar los delitos establecidos en la Ley General siempre y cuando no se den los supuestos del Artículo 5 de la Ley Federal que se refiere a casos de ese nivel, que incluso impliquen investigaciones en el extranjero.

Por su parte las autoridades municipales podrán incluso celebrar convenios para cumplir mejor las responsabilidades que le corresponde.

La Comisión Intersecretarial podrá coadyuvar proponiendo estrategias y acciones para cumplir la ley, verificar incluso su alineación al programa nacional, vigilar, evaluar y emitir las recomendaciones que considere pertinentes.

Este organismo estará integrado por el Gobernador como presidente, los secretarios General de Gobierno, de Salud, Educación, Desarrollo Social, Seguridad Pública, Turismo,  el Fiscal General, el director general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la directora del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, el director del DIF, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), un diputado del Poder Legislativo, el presidente de la Codhey (que sigue acéfala),  y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil debidamente constituidas, con actividad acreditada en atención a víctimas de trata, y un secretario técnico.