Redacción
CANCÚN, Q. Roo.- Al revisar la historia sobre el origen de la naviera “Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe” resalta que casualmente durante el mandato de Roberto Borge Angulo, Alberto Ruiz de Teresa fue unas horas encarcelado pero rápidamente exonerado  del centro de retención de Playa del Carmen acusado por  fraude de 23 millones de dólares  y posteriormente, Guillermo Ruiz de Teresa, su hermano, en calidad de Coordinador General de Puertos y  Marina Mercante de la SCT, es quien autorizó las rutas de esa empresa comercial conocida como “Barcos Caribe”.

De hecho, Ruiz de Teresa, no solamente fue uno de los más activos políticos en otorgar todas las facilidades para que Barcos Caribe obtuviera permisos portuarios y de navegación, estuvo a cargo de romper la clásica botella al inicio del primer servicio de los Barcos Caribe.

También, a la par del pleito legal entre navieras, surgieron contradictorias señales desde el gobierno federal, pues interviene y sanciona  la Comisión Federal de Competencias (COFECE) para allanar el camino a “Barcos Caribe”, al tiempo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deshizo ilegal contubernio a favor de esa empresa fraguado desde el pasado Ayuntamiento de Solidaridad que encabezaba el fallido aspirante a la gubernatura, Mauricio Góngora Escalente,  mismo que fue ratificado por la anterior legislatura local.

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La multa económica  de COFECE, que acusan navieras se hizo a modo para beneficiar a “Barcos Caribe”, da posibilidades a la Coordinación de Puertos y Marina Mercante de retirarles licencias y sacarlas del mercado a todo lo largo del litoral de Quintana Roo.

Actualmente, mientras el naciente gobierno de Quintana Roo avanza en su investigación por presunto desvío de dinero público para crear la naviera “Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe”, su competencia en la zona, las navieras Golfo Transportación de Enrique Molina Casares; Naviera Ocean de Héctor Alejandro Matey Espadas y la Naviera Magna de Arturo Báez Vega, buscan el amparo de la justicia federal contra la sanción de 45 mdp impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), de Alejandra Palacios.

Constantemente investigada 

Como es del conocimiento público, Barcos Caribe es investigada toda vez que aparece como propiedad de amigos, ex empleados y parientes de Borge, entre ellos Franco González (tío del Senador Félix González Canto), César Celso González Hermosillo (Abogado de Roberto Borge Martin, papa de del Ex Gobernador) y Lourdes Pinelo Nieto (su asistente personal).

De esta forma, las compañías navieras que cubren el mercado de transporte de carga y pasajeros entre la isla de Cozumel, Cancún y regiones del mar caribe mexicano, promueven los recursos necesarios en tribunales civiles para demostrar que la investigación fue omisa en las pruebas presentadas, o sea, no las tomaron en cuenta.

Hablamos del expediente de la COFECE DE-002-2014, por el cual buscan el amparo de la justicia federal, debido a que fueron ignoradas sus pruebas de descargo, mientras que no se midió con el mismo racero a “Barcos Caribe” cuya operación fue presentada como un parámetro de los servicios, aunque es una naviera de nueva creación en 2015.

El capítulo que protagoniza Alberto Ruiz de Teresa ocurre en abril de 2013 ante la rejilla de prácticas del Juzgado Primero de lo  Penal, instrucción en la que permaneció solamente cuatro horas y media encarcelado, acusado de uso de documentos falsos, pues fue señalado por haber falsificado la firma de un notario y escriturar un terreno llamado Puerto Chile, ubicado en la carretera federal entre Xel-ha y Tulum. Al tiempo que obtuvo un financiamiento con el terreno de garantía por 23 millones de dólares, pero lo dejan libre luego de dictarle la formal prisión con una caución de 10 mil pesos. Todo ello, en un proceso fast-track y en sábado.

Alberto Ruiz de Teresa, de 57 años de edad, originario del Distrito Federal, empresario hotelero, había sido detenido en la capital del país por agentes de la Policía Judicial de la ciudad de México, precisamente en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en el Juzgado Primero de lo Penal.

Meses, después, desde la Dirección General de Marina Mercante, bajo la batuta del hermano de Alberto que es Guillermo Ruiz de Teresa,  obtienen los socios inversionistas de Barcos Caribe “luz verde” para usufructuar rutas en el caribe mexicano y con esa certeza el 3 de diciembre de 2014, “Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe” protocoliza las escrituras con las respectivas facturas que ampararon la adquisición de dos embarcaciones, tipo catamarán, con valor de 4 millones 900 mil dólares, sin que autoridades hacendarias verificaran la situación financiera de los prestanombres.

Todo ello, quedó asentado en la Notaria de Ricardo Lezama Pech, conforme el Acta 3923 folios 187 y 188, uno para cada buque, en donde se precisan generales de las embarcaciones y la fecha de su internación al país, entre otros.

Se amplía la vigencia 

Además, el entonces gobierno municipal de Mauricio Góngora  Escalante y los integrantes del Cabildo, en contradicción a reglamentos vigentes de comercio en vía pública, decretaron en sesión de cabildo del 9 de diciembre de 2014 la instalación de un módulo para punto de venta de boletaje e información turística a favor de “Barcos Caribe” en concesión por 15 años, aunque al ser ratificado este decreto por la pasada legislatura local, la vigencia se amplió a 50 años.

Se determinó que el concesionaria debía pagar diez mil pesos mensuales a la tesorería  municipal por usufructuar un espacio de 23.08 metros cuadrados en la esquina de la 1° Avenida Sur y Calle 1 Sur Bis de Playa del Carmen, y cubrir así conceptos de licencias de anuncios, derechos, por servicios de transportación de basura y uso de la vía pública.

Ello se decretó no obstante que estaba prohibido por dos reglamentos municipales: el Reglamento de la Zona Peatonal del Centro Turístico de Playa del Carmen y el Reglamento  para el Comercio y la Vía Pública del municipio de Solidaridad, pues fue ubicado el referido módulo de venta de boletaje dentro de la zona exclusiva peatonal por lo que no puede haber ningún puesto fijo de venta, sobre todo porque esa misma zona ya había sido objeto de reubicación de todo tipo de comerciantes en vía pública.

Aunque votó en contra la entonces regidora Laura Esther Beristain Navarrete y se abstuvo Orlando Muñoz Gómez, suscribieron junto con los demás integrantes del cabildo el Acta de la Trigésima Sesión Ordinaria del Ayuntamiento de Solidaridad, cuyo decreto ratificó el Congreso local para darle vida a esa concesión no por 15 años sino por medio siglo.

Solo que intervino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para dar marcha atrás a esta ilegalidad, mediante la clausura del citado módulo, y también un Juez federal precisó que la medida cautelar impuesta por la PROFEPA a la empresa (Clausura Total Temporal) era correcta y tiene como finalidad sancionar una infracción al medio ambiente cometida en el  lugar, el cual es reconocido como derecho humano reconocido por la Constitución.

En ese sentido, la empresa fue obligada a ceder al interés de la sociedad a tener un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas.  Cabe señalar que la compañía Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe, S.A. de C.V., únicamente presentó a la PROFEPA, para realizar la venta de boletos e información turística en el establecimiento donde opera la sociedad, una copia certificada de la licencia de funcionamiento expedida por el Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con vigencia al 31 de diciembre de 2016.

Visita de inspección 

Durante la visita de inspección que dio lugar a la clausura, se constató la construcción de un módulo con una superficie de 27 m2 con estructura de aluminio, piso de concreto, paredes recubiertas de acrílico, de una altura aproximada de 2.5 metros, techos de plafón con lona de vinil, y al interior un mostrador cubierto de granito color verde oscuro con una altura de 1.5 m, despegado del suelo.

Al momento de la realizarse las actuaciones de los inspectores federales, el visitado no exhibió la autorización en materia de impacto ambiental que expide la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para el módulo que se encuentra operando en la zona inspeccionada.

Por lo anterior, la Delegación de la PROFEPA en Quintana Roo determinó imponer, como medida de seguridad, la Clausura Total Temporal de la obra hasta en tanto el inspeccionado acredite contar con la autorización o exención en materia de impacto ambiental.

Multa 

Las violaciones a los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la  Protección al Ambiente (LGEEPA), sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, fueron sancionadas administrativamente con una multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente al momento de imponer la sanción