¡Mamá, quiero que me lleves a la casa!
Durante este año el Consejo de la Judicatura ha recibido 23 quejas administrativas en la actuación de los jueces.
Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El pasado 17 de junio Dulce Kinil Peetul vio a su hija de tres años luego de cinco meses, pero también la escuchó decir “Mamá, quiero que me lleves a la casa”, una decisión que la niña expresó frente a María Teresa de Jesús Tejada, la juez de lo familiar que lleva el caso por la custodia que pelean los padres y quien evitó dar una sentencia para la que necesitaba la decisión de la menor, y ahora el expediente 80/2015 generó una de las 23 quejas administrativas que recibe en este año el Consejo de la Judicatura.
El acto reclamado por Kinil Peetul ante el Consejo de la Judicatura es la omisión legal y arbitraria de la autoridad responsable que “omite pronunciarse en cuanto a la custodia provisional de la menor”, que era para lo que la juez primero de lo familiar, De Jesús Tejeda, había citado a audiencia.
Además de Kinil Peetul, estuvo en la audiencia el padre de la menor, Miguel Arjona Rodríguez, los representantes legales de ambos, y Berenice Góngora en representación del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Sin dictamen de sentencia
Pese a que la niña de tres años expresó frente a todos la intención de ir a vivir a casa de su mamá, María Teresa de Jesús no dictó sentencia argumentando que el ministerio público, Salvador Quintanilla, no estaba presente en la audiencia.
Según la funcionaria se apegó al Código de Procedimientos Civiles del Estado, específicamente al artículo 883 BIS de la norma que indica que escuchará a los menores en compañía del Ministerio Público adscrito, mismo que estuvo ausente y que negó haberlo visto el día de la audiencia, así como ha ocurrido con la gran mayoría de los casos que ella ha llevado.
“He visto únicamente cuatro o cinco veces al ministerio público; no viene a las audiencias”, dijo la juez María Teresa de Jesús.
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Por esa actuación en el Ministerio Público, la defensa de Dulce Kinil presentó un recurso de amparo signado con el número 868/2015 por denegación de justicia ante el juez séptimo de distrito de Cancún, que como la queja administrativa está en proceso de desahogo.
La defensa de Dulce Kinil argumentó que la presencia del Ministerio Público no es indispensable para que el juez se pronuncie, como lo indica el artículo citado: “el Juez oyendo la opinión del Representante Social y valorando todos y cada uno de los elementos que tenga a su disposición, incluyendo la valoración psicológica de la persona menor de edad y de las partes que solicitan la custodia, determinará a quién de los progenitores corresponderá la custodia provisional de los hijos menores de edad, considerando las limitaciones que señala la Ley sustantiva”.
Paralizan el proceso de justicia
Ahora el expediente 80/2015 está paralizado. De acuerdo con Ana Mercedes Castillo, juez interna del Consejo de la Judicatura, encargada de llevar las quejas administrativas en contra de los jueces, calcula que se llevará alrededor de mes y medio calificar la interpuesta –el 18 de junio– por Dulce.
Esa oficina juntó en 2013 46 casos, cuando hubo siete jueces sancionados, uno de ellos con separación de cargo. En 2014 hubo 46 quejas, de las cuales cinco generaron consecuencias, también uno, un secretario en funciones de juez, tuvo que dejar su despacho; y en 2013 van 23 quejas con siete sanciones, entre ellas una actuaria destituida; el resto son amonestaciones, suspensiones y multas económicas.
“Del resto de asuntos que no tienen sanción, la gran mayoría fueron desechados porque vienen sin pruebas; el juzgado interno no tiene facultad de hacer investigación porque no podemos investigar y sancionar, por eso deben venir con pruebas aportadas por quienes ingresan las quejas”, dijo Mercedes Castillo.
Mientras se ventila esa queja, Dulce Kinil lamenta que haya actos dilatorios para aplicar la ley, especialmente con la custodia de su hija que además de atentar contra su voluntad por no dictar sentencia, el hecho está precedido por una pugna legal que se ha llevado a los juzgados panales por allanamiento y sustracción, pero esos expedientes, lamentó, también han sido obstruidos.