16 de Octubre de 2018

Riviera Maya

Nado clandestino con tortugas podría castigarse con cárcel

Profepa prevé sancionar a agencias turísticas por introducir sin permiso a más de mil turistas.

Los infractores pueden alcanzar multas de hasta de 50 mil veces el salario mínimo. (Redacción)
Los infractores pueden alcanzar multas de hasta de 50 mil veces el salario mínimo. (Redacción)
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Redacción
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) prevé sancionar a siete agencias turísticas por presuntamente introducir sin permiso a más de mil turistas a la Bahía de Akumal para nadar con tortugas el pasado fin de semana.

Como parte de las medidas de protección y para reducir la carga turística de la bahía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos (Semarnat) limitó las autorizaciones a las agencias turísticas.

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En marzo de este año la Bahía de Akumal, en Quintana Roo, fue catalogada como área de refugio, pues el excesivo turismo de la zona afectaba el ecosistemas al que llegan especies en peligro de extinción como la tortuga verde (Chelonia mydas), tortuga caguama (Caretta caretta) y tortuga carey (Eretmochelys imbricata).

Se detectó que empresas dedicadas a la actividad turística internacional introducen una gran cantidad de turistas para el avistamiento de tortugas marinas sin autorización”, informó Profepa.

Por ello ante la temporada de la arribazón de las tortugas, desde el pasado viernes 22 de julio, se fortaleció un Operativo Permanente y más de 125 vigilantes revisaron el pasado fin de semana que las agencias cumplieran con los permisos.

Denuncias penales

Las empresas que carecían de autorización y a las que se abrieron 20 procedimientos son “Ocean Tours”, “Blue Caribe Ecotours”, “Scuba Tours” “Cancun Adventure”, “Wild Tours”, Rogazzi Tours” y “Mayan Nature”.

Profepa recordó que de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, los infractores pueden alcanzar multas de hasta de 50 mil veces el salario mínimo.

De iniciarse denuncias penales podrían alcanzar de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de sanción, por “poner en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie” en peligro de extinción.

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