Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado analiza los argumentos presentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre algunos artículos de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo.

Al mismo tiempo, prepara los argumentos legales para la defensa de algunos puntos de la Legislatura, como son las palabras “permanente” (en la actividad periodística) y “exclusiva” (en la aplicación de las medidas de protección), que se manejan en algunos artículos.

“Esos conceptos y palabras tienen una razón de ser y los abogados del Congreso, a partir de la notificación recibida la tarde  del lunes, están trabajando en la argumentación en defensa y lo someteremos a la consideración de la corte”, mencionó Pedro Flota Alcocer.

Observaciones

La CNDH hizo público, en su momento, el recurso de acción de inconstitucionalidad que presentó por los artículos 3 fracción VI y XII, este último en la porción normativa que establece “de manera permanente”, 6 fracción IX, 9, 13 último párrafo, y el artículo 45, de la citada ley.

“La CNDH cuestiona cinco artículos, es decir, no están de acuerdo con la redacción o parte de la redacción, significa que la ley mantiene su vigencia, y quedan en suspenso las partes señaladas mientras contra argumentamos en defensa de los criterios que se utilizaron para su redacción”, señaló el entrevistado.

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Flota Alcocer consideró que, independientemente del sentido que pudiera tener la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la legislación estatal saldrá fortalecido.

“Dejar en claro el punto de que la ley mantiene su vigencia, pero el hecho de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recurra a la Suprema Corte termina por fortalecer la ley”, indicó.

El Congreso del Estado cuenta con un plazo de 15 días para enviar los argumentos legales que considere pertinentes, aunque se espera a más tardar la siguiente semana ya sea atendida.

En su oportunidad, también pudiera solicitar a la CNDH que detalle el catalogo de términos que no fueron considerados como causas de discriminación en la legislación para que, de ser considerados correctos, sean incluidos.