20 de Agosto de 2018

Quintana Roo

Archivan juicio político a ombudsman

Queda pendiente por analizar el caso del ex presidente municipal de José María Morelos.

La Comisión de Justicia de la XV Legislatura analiza y determina los juicios políticos. (Benjamín Pat/SIPSE)
La Comisión de Justicia de la XV Legislatura analiza y determina los juicios políticos. (Benjamín Pat/SIPSE)
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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de Justicia de la XV Legislatura archivará los juicios políticos promovidos en contra del ombudsman Harley Sosa Guillén y de Gabriel Carballo Tadeo, ex presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto.

Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión, dijo que se trata de dos recursos legales presentados entre septiembre y noviembre de este año, por una organización civil y un grupo de ex trabajadores municipales.

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En tanto quedará pendiente por analizar otra solicitud de juicio político, presentado en contra de Juan Parra López, exalcalde de José María Morelos, toda vez que los promoventes tiene unos días más para presentar más pruebas.

En el caso de Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), la petición será desechada y archivada, debido a que, por ley, la figura del ombudsman no está sujeta a ese procedimiento. 

En lo que respecta, a la solicitud contra el ex presidente municipal de la zona maya, Gabriel Carballo Tadeo, los hechos denunciados y las pruebas refieren a únicamente temas laborales, lo cual no es procedente.

“En el caso de los presidentes municipales son temas laborales, pero de José María Morelos, los que presentaron la solicitud, no confirmaron que tienen más pruebas y quedaron en traerlo en estos días y los vamos a esperar”, mencionó Villanueva Tenorio.

Fuera de funciones

Cabe destacar que en el caso de los juicios políticos relacionados con Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, independientemente de la procedencia o no, los acusados ya no se encuentran en funciones.

Para el legislador eso no es ningún impedimento para que pueda realizarse el procedimiento correspondiente, toda vez que las resoluciones no solo terminan en destituciones, sino también destituciones de servidores públicos. 

“Lo que hace el juicio político es inhabilitar también a la persona entre tres y 10 años para que no pueda ocupar algún cargo público en ese tiempo. Eso es precisamente lo que a la Comisión le corresponde analizar y determinar”, refirió.

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