Alejandra Galicia/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de la Gestión Pública (SGP) tendrá a más tardar en marzo de este año, regulación en materia de guardaespaldas a funcionarios públicos de Quintana Roo. 

Rafael del Pozo Dergal, titular de la dependencia, explicó que son tres corporaciones las que apoyan el servicio de escoltas en el estado: Seguridad Pública municipal, estatal y la Policía Ministerial.

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“Tradicionalmente todas esas corporaciones han apoyado el servicio de escoltas y seguridad de personas, anteriormente una gran cantidad de esos agentes estaban comisionados para cuidar empresarios, ahora está normado, hemos seguido avanzando en ese tema y estamos a punto de expedir lineamientos específicos que definen con claridad cuáles son las condiciones en la que se puede prestar el servicio”, comentó el secretario de la Gestión Pública.

Los lineamientos definirán a qué tipo de funcionarios de primer nivel requieren el servicio de protección de acuerdo a las condiciones de su trabajo o la responsabilidad que maneje en su secretaría para que se les proporcione protección gratuita.

En los casos de los particulares que tienen servicios de escolta que adquirieron desde la administración estatal encabezada por el exgobernador Roberto Borge Angulo, se analizará quienes sí podrían obtener el mismo servicio, pero no de manera gratuita, sino pagando el servicio de protección. 

“En el ejercicio del desempeño de su cargo, (los funcionarios) están expuestos públicamente a recibir una agresión y evidentemente el Estado está interesado en proporcionarles la seguridad necesaria para el desempeño de sus actividades”, dijo Del Pozo Dergal.

Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), es una de las funcionarias que dijo haber recibo amenazas, debido a la dificultad de su trabajo, ya que metieron demandas ante la Vicefiscalía de la norte por los despojos de propiedades en Playa del Carmen, Cancún y Tulum.

La secretaria mencionó que ya recibe servicios de protección debido a las amenazas, además de que continuarán con el proceso, ya que están en cola 10 denuncias más.