Avanzan las mejoras en planteles rurales

Se atienden espacios en cinco municipios a través del Programa de Escuela Digna.

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Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Las autoridades educativas ya verifican los avances en el mejoramiento de 67 escuelas del nivel básico, cuyos trabajos se ejecutan con recursos del Programa de Escuelas Dignas.

Hasta el momento, el progreso en las obras es de un 75%, por lo que prevé que estarán listas antes de inicie el próximo ciclo escolar 2015-2016, de acuerdo a José Alberto Alonso Ovando, titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEyC).

Se trata de una inversión de 49 millones 347 mil 482 pesos, provenientes del Gobierno Federal y del Estado, y que se aplica en escuelas de comunidades rurales e indígenas de Quintana Roo.

Del total de planteles en rehabilitación, 33 corresponden al nivel preescolar, 16 a primarias y 17 a telesecundarias, todas en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Bacalar, José María Morelos y Othón P. Blanco.

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Dichas escuelas presentan los mayores rezagos en su infraestructura, por lo que se optó por atenderlas para que sean candidatas a la certificación de “Escuela Digna” que emite el Gobierno Federal.

“No es sólo obras, sino que también se promueve la participación social de la comunidad escolar y el gobierno en el mantenimiento de las condiciones físicas de los planteles a largo plazo, sobre todo aquellos más desfavorecidos”, mencionó el funcionario estatal.

El Programa de Escuelas Dignas integra para su función componentes relacionados con la rehabilitación de aulas, azoteas, mobiliario, baños, entre otros, en donde el aspecto más importante es la seguridad estructural y las condiciones generales de funcionamiento.

Otra novedad este año es la construcción de bebederos en los planteles, como parte de las reformas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

La disposición entró en vigor en mayo de 2014 y estableció que las escuelas privadas deberán instalar bebederos suficientes para su matrícula escolar, en un plazo de 18 meses.

En el caso de las escuelas públicas, el plazo límite para cumplir con las nuevas disposiciones es de tres años.

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