Los aditivos, componentes cítricos, azúcares, grasas saturadas y sodio de los alimentos ultra-procesados interactúan con patógenos como el SARS-Cov-2. Son ingredientes que deterioran la calidad de vida y están causando la muerte. Y muchos de ellos están presentes en las despensas humanitarias que reparten los gobiernos. 

“La emergencia generada por la pandemia de covid-19 destaca la necesidad de fortalecer las instituciones de salud pública, no sólo para enfrentar las enfermedades infecciosas sino, además, para implementar acciones políticas para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles”, aseguran expertos de la Universidades Javeriana, de los Andes y Nacional de Colombia, con sede en Bogotá. 

En el análisis titulado “Relevancia de las acciones políticas dirigidas a garantizar una alimentación saludable y suficiente en el contexto de la actual pandemia de COVID-19”, los investigadores Luis Fernando Gómez, María Fernanda Parra, Diego Iván Lucumí, Laura Camila Bermúdez, Antonio José Calderón, Juliana Mantilla y Mercede Mora-Plazas concluyen que es urgente desde el sector público un “enfoque integral que contemple acciones a corto y largo plazo”.

“Se espera que los agentes locales responsables de la provisión de insumos, la logística y el procesamiento, y la venta minorista de alimentos sean los más afectados por la interrupción del comercio interno. Por esta razón, es necesario garantizar la producción, distribución y acceso a los productos de alimentación saludables durante y después de la crisis”. 

Para estos investigadores, los brotes como el Ébola y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) han evidenciado que la falta de acceso a una alimentación sana es más negativa que el agente infeccioso que se intenta mitigar o combatir. 

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Despensas contienen ingredientes que afectan la calidad de vida

En Quintana Roo, la ayuda humanitaria que se entrega a los sectores vulnerables afectados por el cerco sanitario contiene algunos de esos alimentos. Fueron comprados a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para beneficiar a 312,500 familias del estado, informó en Facebook la Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo.  

En las fotos publicadas por los beneficiarios, puede advertirse que las harinas industrializadas han sido parte de su dieta en el actual confinamiento quintanarroense. También el chocolate y el aceite de maíz. Un menú contraindicado para lograr calidad de vida en la vieja y la nueva normalidad.

“Programas gubernamentales de asistencia alimentaria e iniciativas de bancos de alimentos mal concebidos, pueden propiciar el aumento del consumo de comestibles ultra-procesados e incrementar la carga de enfermedad atribuible a condiciones crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. La evidencia obtenida de los bancos de alimentos sugiere que la mayoría de estos programas, brindan minutas de baja calidad nutricional”, aseguran los expertos, cuyo estudio es financiado por Bloomberg.

En su documento publicado en la plataforma Researchgate hacen un llamado a permitir lo más pronto posible el suministro de alimentos no procesados de alto valor nutricional en los mercados. Los campesinos “son un pilar fundamental para mitigar los efectos negativos indirectos en salud derivados de la pandemia”, agregan.