Paloma Wong/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de los Derechos Humanos en Quintana Roo tiene conocimiento de 10 casos de tortura en este 2015, principalmente en la zona norte del estado. Pero en cinco años ha emitido cuatro recomendaciones.   

Harley Sosa Guillén, ombudsman, dijo que la tortura no es un delito común en la entidad, pues en ocasiones puede confundirse con un trato cruel y degradante, por eso al haber una denuncia interpuesta del tema hay que hacer un análisis minucioso del caso.

Actualmente, tienen conocimiento de 10 casos en el estado, cifra que puede considerarse similar al año pasado.

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“En los últimos cinco años se han emitido cuatro recomendaciones por casos de tortura, no es algo de lo que se hable mucho pero sí está. En todo el estado tenemos alrededor de 10 quejas, de las cuales cinco pertenecen en Cancún, que es donde hay más casos”, comentó.   

Causas de la tortura 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tortura se produce cuando una persona inflige a otra deliberadamente un dolor o sufrimiento severo con fines tales como obtener información o una confesión, o castigar, intimidar o coaccionar a alguien. El torturador debe ser un agente del Estado, o el acto debe contar al menos con un cierto grado de aprobación oficial.

Sosa Guillén reiteró que los casos deben ser documentados y estudiados, ya que el análisis se basa en los lineamientos nacionales que son denominados con base al grado de lesiones. 

 Caso Casique 

El tema más reciente que atienden es del ciudadano Héctor Casique Fernández, que al parecer fue sometido a violencia extrema tras su detención en marzo del 2013.

Del caso, el presidente de la Comisión dijo que tienen un expediente abierto, pues en días pasados solicitó por escrito en carácter de urgente al magistrado de la sala Constitucional Administrativa que remita copia certificada de la resolución emitida en contra de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), donde pide la consignación de las personas involucradas en el caso de tortura.

Consideró que en un plazo de 30 días hábiles, la Comisión deberá concluir la revisión del expediente de Casique Fernández.