Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La XV Legislatura confirmó la recepción de una nueva solicitud de juicio político, en esta ocasión correspondiente al municipio de Isla Mujeres, que se suma a otras tres peticiones pendientes en el Congreso Local.

Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia, dio a conocer que ya fue notificado por la Oficialía de Partes sobre la llegada de un nuevo expediente, aunque no quiso revelar mayores datos.

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“El día de mañana (jueves) el ciudadano deberá acudir a ratificar la solicitud y ahí conoceremos todos los detalles sobre el expediente así como contra quien es esta nueva petición”, señaló el entrevistado.

De acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la ratificación de la denuncia es indispensable para continuar con el primer paso de análisis por parte de la Comisión de Justicia.

“Se dictaminará si la conducta atribuida al servidor público se encuentra dentro del término señalado en el Artículo 12 de esta Ley, así como si corresponde a las enumeradas por el Artículo 6 de esta Ley y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el Artículo 5 de esta Ley”, señala el artículo 14 de la citada ley.

El artículo 12 señala que el juicio político se aplicará a servidores públicos en funciones o ex funcionarios con menos de un año de haber concluido, mientras que el artículo seis enlista 13 conductas, que se considera afecta el buen despacho.

Por su parte el artículo cinco enumera los cargos públicos sujetos al procedimiento de juicio político.

Actualmente se encuentran en el seno de la Comisión de Justicia dos solicitudes en contra de Víctor Vivas Vivas, magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), los cuales serían desechados, tras la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estableció la facultad para el Congreso de la Unión.

Otro asunto pendientes está relacionado con una solicitud del empresario Carlos Mimenza, en contra de ex funcionarios del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento de Solidaridad.