Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La Comisión de Derechos Humanos de la XV Legislatura, encabezada por Eugenia Solís Salazar, puso en la “congeladora legislativa”, el caso de 10 autoridades violadoras de derechos humanos y que a pesar de las recomendaciones omitieron atender y reparar el daño a las víctimas.

Se trata de una lista entregada en enero pasado, por Harley Sosa Guillén, en su calidad de presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana (Cdheqroo), organismo encabezado actualmente por Marco Antonio Toh Euan.

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A unos días de la clausura del presente periodo ordinario de sesiones el caso sigue sin ser atendido en el seno de la Comisión Ordinaria.

El artículo 56-Bis de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos establece que una vez notificado el Congreso de los casos, la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos llamará a comparecer a los servidores públicos involucrados, con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión.

La comparecencia, señala la ley, será durante el periodo legislativo al momento de la notificación de la negativa o el periodo legislativo inmediato posterior, en caso de ocurrir en un periodo de receso.

En su momento, Eugenia Solís Salazar, también actual presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, dijo que primero se iba a aprobar un protocolo interno para atender el tema.

Sin embargo, a más de cuatro meses de la entrega de la “lista negra”, la diputada presidenta no ha convocado a quienes integran la Comisión. Actualmente la conforman las diputadas María Yamina Rosado Ibarra y Teresa Sonia López Cardiel, así como los diputados Mario Baeza Cruz y Manuel Tirso Esquivel Ávila.

La lista está encabezada por la Fiscalía General del Estado y también incluye a autoridades de la Secretaría Estatal de Salud, los Ayuntamientos de Cozumel y Lázaro Cárdenas, entre otras autoridades estatales.

Entrevistada nuevamente sobre el tema, Solís Salazar insistió en que el Congreso está atendiendo el asunto, pero no dio fecha para cuando pudieran ser desahogas o realizadas las comparecencias.

“Estamos trabajando en esas recomendaciones, no  han podido salir, porque es bastante la documentación que tienen cada una y como Congreso debemos revisar cada documento”, aseguró diputada la ciudad de Cancún.

La legislación establece que las comparecencias deberán ser de carácter público y en ellas, las víctimas podrán exponer su testimonio, sea por escrito, comparecencia o por cualquier otro medio que cumpla con el cometido de que los diputados conozcan el punto de vista de las víctimas.

El actual periodo ordinario de sesiones, que inició el 15 de febrero, concluirá el último día de este mes de mayo, es decir el jueves de esta semana.