La ex directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula González Cetina, presentó la primera demanda por daños en contra del Estado, después de que quedó totalmente demostrada su inocencia de todos los cargos que fueron levantados en su contra desde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En conferencia de prensa realizada ayer en Chetumal, González Cetina confirmó que el lunes 02 de agosto la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) recibió la demanda, en la que señala a Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como a los jueces Gonzalo Miguel Segovia Herrera y Eduardo del Valle García, además del magistrado Felipe de Jesús Solís Magaña.

“Se ha presentado una demanda en contra del estado de Quintana Roo para que sean condenados a la reparación del daño. El acto que produjo la actividad irregular y con base en el cual demando la responsabilidad patrimonial del Estado lo es el proceso penal al que fui imputada, acusada e indebidamente sentenciada como culpable”, dio a conocer la ciudadana.

De igual forma, explicó que es por haber difundido información mediática que le causaron daño moral a ella, a su hijo y a su familia, luego de que fue a prisión por el delito de peculado y que instancias federales la exoneraron al no encontrar responsabilidad alguna, por lo que busca justicia.

De acuerdo con la demanda, la exposición y exhibición culpable de su persona ante la sociedad de todo el país, e incluso en el extranjero, violentó la presunción de inocencia, sin tener una sentencia firme.

A juicio de la demandante, los actos de la Fiscalía Especial fueron “solo con un afán protagónico, me presentó en sus ‘comunicados de prensa’ como culpable, estigmatizando con ello mi imagen, mi persona y mis actividades presentes y futuras”.

Junto con las actuaciones de Villanueva Arzápalo, el documento presentado en la ciudad de Chetumal, también señala actos de jueces, incluso, de un magistrado del Poder Judicial, cuyas decisiones quedados demostradas ante juzgados federales que se “caracterizaron por su falta de competencia, imparcialidad e independencia”.

González Cetina se entregó por voluntad propia, el 3 de enero del 2018, y posteriormente vinculada a proceso por presunto peculado, de mil 55 millones 999 mil 962 pesos.

Después fue declarada culpable a tres años y 11 meses de prisión y al pago de multa de 28 mil 441 pesos.

El 26 de abril del 2018 obtuvo un amparo de la justicia federal que le permitió el arraigo domiciliario.

El 25 de junio de 2020 obtuvo un amparo en contra de la sentencia emitida por el juez penal, pues no se reconfiguró el delito imputado.

Por orden del juez federal, la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal con sede en Chetumal determinó sentencia absolutoria.

Actos por los que la ciudadana reclama daño moral y patrimonial

Investigación y acusación arbitraria, ilegal, tendenciosa, sesgada y politizada por parte de Rosaura Villanueva Arzápalo, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Exposición y exhibición de culpable ante la sociedad por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Ilegal resolución del auto de vinculación a proceso por el Juez de Control Gonzalo Miguel Segovia Herrera.

Ilegal medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el Juez de Control Gonzalo Miguel Segovia Herrera.

Ilegal sentencia de primera instancia resuelta por Eduardo Del Valle García, quien integró el Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia en el Estado de Quintana Roo.

Ilegal sentencia recaída en el recurso de apelación resuelta por Felipe de Jesús Solís Magaña, magistrado de la Cuarta Sala Especializada en Materia Penal Oral.

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