Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Dos ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo acudieron ante los juzgados federales para tramitar un amparo, y de esa manera evitar órdenes de aprehensión derivadas del desempeño en la administración pública.

El primero fue Carlos Bibiano Villa Castillo, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, quien promovió el recurso legal 345/2018 ante el Juzgado Segundo de Distrito.

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El juicio de amparo es en contra del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio Federal, con residencia en Cancún.

El ex funcionario busca frenar la ejecución de una orden de aprehensión y detención, que según la demanda, habría sido girada por el juez el pasado 27 de febrero.

Al admitir la demanda, el juzgado federal también determinó otorgar la suspensión provisional a favor del quejoso, mientras se realiza la audiencia incidental, para lo cual se estableció un depósito de garantía de 25 mil pesos.

El segundo fue Raúl Rolando Aguilar Laguardia, ex director administrativo de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq) y de la Secretaría de Salud (Sesa).

El recurso legal fue presentado ante el Juzgado Primero de Distrito y quedó registrado con el número de expediente 192/2018 y fue en contra el Juez de Primera Instancia de Chetumal por actos privativos de la libertad, específicamente órdenes de aprehensión, detención, presentación y su cumplimiento.

Adicionalmente, Aguilar Laguardia presentó otra demanda de amparo ante el mismo juzgado federal, en contra de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo).

Expediente quedó registrado con el número 194/2018 por actos fuera de juicio, específicamente la dilación procesal en iniciar procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

El ex funcionario aduce que se violan sus derechos a tener acceso a una justicia expedita, en este caso dentro de los procedimientos realizados por la Aseqroo, para lo cual invoca el artículo 17 de la Constitución Federal, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta.