Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Será hasta noviembre cuando comience a operar en Quintana Roo el nuevo Sistema de Justicia Laboral, que requerirá alrededor de 92 millones de pesos, según la primera proyección de las autoridades.

Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado detalló que, de acuerdo con la planeación, serán necesarios al menos ocho Juzgados, que requerirán de infraestructura física y administrativa.

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En Benito Juárez están proyectados dos de esos juzgados y dos más en Chetumal, otro en Playa del Carmen, en Cozumel y dos ciudades más por definir.

Basado en la carga de trabajo en los juzgados, el Poder Judicial estima que por cada juzgado deberá haber un juez y mínimo cinco personas más para poder atender de manera debida los casos que se presenten.

“Nosotros pensamos que alrededor de noviembre, si va conforme a lo que se ha dicho. Parece ser que no recibiremos los expedientes ya existentes sino que iniciaremos con carga cero”, afirmó el magistrado.

El Poder Judicial solicitó, en su oportunidad, los 92 millones de pesos necesarios dentro del Presupuesto de Egresos 2018; sin embargo, no fueron asignados los recursos económicos.

Las reformas a nivel federal fueron publicadas el 24 de febrero de 2017, y según los transitorios las legislaturas locales tendrán de plazo un año después de la publicación para adecuar la normatividad.

El próximo 24 de febrero vencerá ese plazo en el que se prevén modificaciones a la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, entre otras disposiciones legales para establecer el funcionamiento de cada uno de los órganos que integrarán el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

Recientemente, la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ingresó al Congreso Local una iniciativa de reforma constitucional, en busca de iniciar con la armonización de las leyes locales con las federales.

Una de las figuras necesarias es el Centro de Conciliación Estatal, en donde deberán pasar todos los asuntos antes de llegar a la etapa de judicialización ante los Tribunales Laborales.