Miguel Maldonado/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El presidente del Club Tigrillos de Chetumal y titular de la Comisión para la Juventud y el deporte en el Estado (Cojudeq), Raúl Aguilar Laguardia, estarían lucrando con el estadio de Futbol 10 de Abril, al cobrar a las ligas locales cerca de mil 600 pesos por disputar un partido. 

El inmueble es propiedad del gobierno municipal y se encuentra cedido en comodato, por lo que estos cobros son ilegales y derivarán en una investigación por parte de la autoridad municipal.

En últimas fechas se llevaron a cabo los encuentros correspondientes a las finales de la Tercera y Segunda Fuerza “A” de la Liga de Futbol Payo Obispo, los cuales tuvieron como escenario el inmejorable césped del estadio 10 de Abril.

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Según el testimonio de los propios dueños de los equipos protagonistas de estos dos partidos, para utilizar este inmueble se tuvo que cubrir con un pago de mil 550 pesos por encuentro, que incluía el servicio de baños, botes de basura y la pintura del campo.

El pago se hizo directamente al Club Tigrillos de Chetumal por medio de su departamento de administración y extrañamente no se expidió un comprobante.

“Nos cobraron hasta por usar los baños y éstos se encontraban en pésimo estado. No había papel sanitario y olían mal, además de que durante gran parte del primer tiempo no funcionaron unas lámparas que iluminan el campo. La verdad fue muy caro jugar ahí”, señaló el entrevistado, quien prefirió omitir sus datos generales.

Iniciarán investigación

Este inmueble se encuentra cedido en comodato al presidente de los Tigrillos de Chetumal, Raúl Aguilar Laguardia, desde la administración municipal de Carlos Mario Villanueva Tenorio y hasta la fecha.

Al respecto, José Antonio Barón, director jurídico del gobierno de Othón P. Blanco, dijo que estos cobros hechos por Aguilar Laguardia son completamente ilegales, pues no se puede lucrar con un inmueble que se encuentra cedido en comodato, por lo que inmediatamente iniciarán una investigación y en caso de comprobar esta situación se cancelaría dicho contrato y se retiraría la concesión, aunque sólo restan dos meses de la actual administración.

Al intentar contactar a Raúl Aguilar Laguardia para conocer más al respecto, el también presidente de la Cojudeq optó por no contestar al teléfono.