Benjamín Pat/ SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso del Estado determinó remitir a la Secretaría de la Gestión el expediente del caso VIP Saesa, en donde se detectó, durante las comparecencias un gasto superior a 40 millones de dólares en renta de aviones para el exgobernador Roberto Borge.

El punto que fue aprobado de urgente y obvia resolución, fue presentada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XV Legislatura, ante la cual, compareció el titular de ese organismo, Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, quien aportó información que permitió dar a conocer una serie de irregularidades.

Emiliano Ramos Hernández, presidente de dicha comisión, dijo que el expediente contiene  todos los documentos, audios e informes integrados en el seno de la comisión.

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El objetivo de enviarlo a la Secretaría de la Gestión Pública es para que, en el ámbito de sus facultades, proceda la investigación y en su caso, el inicio de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa.

De darse las acciones legales, serían en contra de los integrantes del Consejo de Administración de la empresa paraestatal, encabezado en su momento por el exmandatario.

Las investigaciones solicitadas a la Gestión Pública, son también en contra de quienes fungieron como Secretario y Tesorero de ese Consejo. En el primer caso, se trata de Luis González Flores, Gabriel Mendicuti Loría y Román Quián Alcocer, quienes se desempeñaron como secretarios de Gobierno. 

En el segundo caso son Mauricio Góngora y Juan Pablo Guillermo Molina, quienes como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se ostentaron como tesoreros del Consejo de Administración de VIP Saesa.

“La Secretaría de la Gestión Pública valorará los elementos que estamos aportando y tomarán las acciones necesarias, en este caso, sería en contra de esos funcionarios”, mencionó Emiliano Ramos.

No quieren emplacamiento 

Durante la sesión realizada anoche, un grupo de ciudadanos armados con carteles y mantas se manifestaron en el recinto Legislativo, desde unos minutos antes de concluir la sesión. 

Las personas inconformes se mostraron en contra del emplacamiento anunciado por el gobierno del Estado, con un costo de mil 181 pesos, y del cual responsabilizan a los diputados locales.

Los protestantes fueron atendidos por los diputados panistas y perredistas encabezados por Eduardo Martínez Arcila y Emiliano Ramos, quienes sostuvieron un diálogo con los inconformes, quienes pedían que su pliego petitorio fuera leído en el pleno.