18 de Noviembre de 2018

Chetumal

Buscan freno a la corrupción de funcionarios

El financiamiento ilícito a las campañas o desvío de recursos irían ante los tribunales.

Ayer fueron presentados los libros Tópicos Electorales y Centenario Constitucional. (Joel Zamora/SIPSE)
Ayer fueron presentados los libros Tópicos Electorales y Centenario Constitucional. (Joel Zamora/SIPSE)
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Joel Zamora/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La posible designación de un nuevo Fiscal General de la República, como una iniciativa de AMLO, buscará que funcionarios corruptos dejen de abusar de una procuración de justicia que opera parcialmente.

Santiago Nieto Castillo, propuesto a ocupar la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consideró ridículo que la Unidad de Asuntos Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), sólo haya asegurado en numerario 265 mil pesos en lo que va del año en materia de lavado de dinero.

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En el caso específico de Roberto Borge Angulo, ex gobernador del Estado de Quintana Roo, el doctor en derecho dijo que aún existen investigaciones y cuenta con la instrucción de que todos los casos que se hayan presentado por financiamiento ilícito a las campañas electorales o desvío de recursos, sean llevados ante los tribunales.

Así como se desarrolla la investigación en contra de Roberto Borge, dijo que la PGR llevó un proceso contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

A mí en lo personal no me gustó la forma cómo resolvieron el tema de Javier Duarte, me parece que el Ministerio Público, si bien tiene la facultad de plantear un procedimiento abreviado, no tiene que hacerlo solicitando la pena más baja, sino el código le permite solicitar las penas más alta de conformidad del caso concreto.

En este caso, se habían acreditado 34 mil millones desviados durante la administración de Javier Duarte, por lo que es una de las prioridades para el próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, declaró durante la presentación de los libros Tópicos Electorales y Centenario Constitucional, con la presencia de los coordinadores de las dos obras, el Dr. Santiago Nieto Castillo y el Dr. Luis Octavio Vado Grajales en el Congreso del Estado de Quintana Roo.

Reveló que en la ex ministra Olga Sánchez Cordero, con Ricardo Monreal y Julio Menchaca, presentaron una iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Al aprobarse esta ley se podrá emitir una convocatoria para que el Senado de la República mande 10 nombres al ejecutivo federal y el mandatario regrese la lista con tres nombres para que se designe al primer Fiscal General.

Además consideró importante la reforma al Artículo 19 de la Constitución Política, que busca incorporar como delitos con prisión preventiva oficiosa o delitos que antes se le denominaba como graves los delitos en materia de corrupción y los delitos electorales, precisamente porque la corrupción empiezan desde los momentos electorales.

“Es increíble que México sea el único país del G20, que no sancione de forma ejemplar los casos de corrupción”.

La normatividad establece que para financiamiento ilícito en la campaña electoral son cinco a 15 años de prisión, por lo que la idea dijo, es que se aplique en esas sanciones y que no suceda como en el delito de peculado que tiene una penalidad de dos a nueve años de prisión, pero se da que las personas cuando son vinculados a proceso lo pueden desarrollar en libertad porque el delito no amerita prisión preventiva oficiosa.

Dijo que a partir del 1 de diciembre lanzarán una cruzada en contra de la corrupción que implica, no sólo la reformas legislativas, sino llevar a los responsables ante los tribunales y se pueda recuperar los bienes que fueron objeto de la corrupción a nivel estatal, tales casos como el de los ex gobernadores Roberto Borge, César Duarte y Javier Duarte.

Nieto Castillo, se encargará de la prevención y combate al lavado de dinero, así como los delitos predicados relacionados con el financiamiento ilícito de las campañas electorales, el combate al financiamiento al terrorismo y combate a la corrupción.

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