Q. Roo y SHCP, en contra de delitos financieros

Firmaron un convenio para detectar a las empresas fachada y las factureras.

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Las autoridades realizaron un convenio de colaboración. (Karim Moisés/SIPSE)
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Enrique Huerta/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Las autoridades de Quintana Roo intercambiarán información con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para combatir delitos financieros, actos de corrupción, trata de personas, incluso, narcotráfico.

El gobernador Carlos Joaquín González y Santiago Nieto Castillo, titular de esa unidad, firmaron el convenio que permitirá generar “un mapa de ruta” para detectar a las empresas fachada, las factureras, así como las irregularidades en el sistema financiero y aquellos vinculados a posibles ilícitos.

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De acuerdo con Nieto Castillo, la Unidad ha recibido 113 mil reportes provenientes de Quintana Roo de prácticas que podrían constituir algún delito financiero, aunque aclaró que no implican necesariamente alguna actividad ilícita, sino alertas que están bajo análisis de las autoridades fiscales.

Además en el estado se han detectado empresas fachada y factureras –conocidas como Empresa que Factura Operaciones Simuladas (EFOS)– que generaron una política de outsourcing, las cuales violaron los derechos de trabajadores, así como evasión fiscal e incluso, en algunos casos, lavado de dinero.

Por ello, las autoridades esperan que el convenio sea el primer paso para generar las unidades de inteligencia patrimonial y económica en el estado, las cuales dijo el encargado de las investigaciones fiscales “son necesarias para tener el flujo de información completa respecto a los beneficiarios finales de actos de corrupción”.

Indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) calculó los daños financieros de los EFOS en alrededor de los 234 mil millones de pesos al año en el país.

En el caso de Quintana Roo se está investigando el vínculo entre los hoteles y las empresas offshore.

Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, señaló que los órganos de contraloría heredados carecían de la eficiencia dentro de la estructura del estado, por lo que consideró a este acuerdo como una herramienta en la lucha contra la corrupción.

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