Un nuevo caso de una supuesta estafa a turistas fue ventilado en Cozumel, tras darse a conocer la detención de un comisionista que utilizaba boletos de venta para servicios turísticos acuáticos, de una empresa en la que no labora.

Las víctimas de este supuesto fraude son los padres de Karla Yharett Salazar Blanco, subdirectora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cozumel.

José Salazar Medina, propietario de la empresa “Snorkel Adventure”, exigió a las autoridades de Turismo y Desarrollo Económico del gobierno local, vigilar y regularizar a los comisionistas que cometen fraudes.

Pidió que las personas que ofrecen servicios y actividades náuticas sean censados, identificados con gafetes y uniformados.

Narró que detectó que una persona que no labora en su empresa, expedía notas con datos fiscales de la suya y que en caso de que ocurriera un accidente o una estafa, las responsabilidades eran para él y el patrimonio de su familia.

Como prueba, el padre de la Subdirectora de Desarrollo Económico mostró dos recibos con número 0150 y 0213; el primero por 650 dólares para dos personas y el segundo por 250 para seis personas. Además de esto le aseguró al comisionista un bloque de notas.

La persona que los expedía, según el también líder de un grupo de empresarios náuticos, se localiza en quiosco a un costado de la empresa de buceo Aquasafari, ubicado en la avenida Rafael E. Melgar entre calles 5 y 7.

Exigió a las autoridades de Turismo y Desarrollo Económico, así como a las autoridades de turismo estatal, explicar cómo algunas personas pueden trabajar en un modulo en la vía pública de manera irregular.

Agregó que las estafas que ocurren y que están creciendo en Cozumel, se dan en contubernio con personas que radican y trabajan en Playa del Carmen y que debido a que no hay castigo y no existe una autoridad que atienda el fenómeno, esto seguirá ocurriendo.

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Karla Blanco, copropietaria de la empresa, aseguró que desde hace semanas sabían que sus boletas habían sido clonadas y que finalmente descubrieron donde eran expedidas, gracias a una queja de un turista defraudado.

Agregó que la Dirección de Turismo debe defender el destino y los servicios que se ofrecen, frenando los permisos para operadores en la vía pública, conocer sus antecedentes penales y que radiquen por lo menos 10 años en la isla.

Si no se frena ahora esto se va a volver un paraíso para los delincuentes que venden y estafan, remató.

Apenas el 19 de enero un grupo de turistas colombianos denunció haber sido objeto de una estafa por otros prestadores de servicios turísticos en la isla de las golondrinas, sin que hasta el momento se les haya sancionado.

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