Alejandro Castro/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- La Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Seguridad Pública de Solidaridad son las primeras instancias acusadas ante el Congreso Local por incumplir cuatro recomendaciones en materia de derechos humanos.

Los casos fueron notificados el pasado 18 de enero por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, que junto con 43 expedientes más conforman una lista de 47 recomendaciones incumplidas que datan incluso desde el año 2015.

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En la más reciente sesión de comisiones, los legisladores instruyeron al área jurídica elaborar un calendario de comparecencias, que será sometido al pleno del Congreso del Estado, para que autoridades estatales y municipales expliquen las razones por las cuales no han acatado las medidas planteadas por la Cdheqroo.

De acuerdo con la lista en manos del Congreso, la Fiscalía General de Quintana Roo es la entidad gubernamental que acumula el mayor número expedientes no cumplidos, pues tiene cinco pendientes desde que era la Procuraduría General de Justicia, y otras 16 desde que se dio paso a la Fiscalía.

La dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos de Solidaridad no ha atendido cinco observaciones hechas desde 2015 ni otras cinco presentadas en 2016.

Otros municipios que no han atendido observaciones en materia de derechos humanos son Othón P. Blanco, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas y Bacalar.

Otras instancias que han sido omisas ante el llamado del organismo son la Dirección General de Servicios Estatales de Salud, la Secretaría del Trabajo, el Colegio de Bachilleres y el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, entre otros.

El artículo 56 bis de la Ley de la Comisión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la autoridad o servidor público de que se trate deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa; en caso de ser llamado por la Legislatura deberá explicar el motivo de su negativa.

De persistir la negativa, la Comisión podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.