Una nueva “ley mordaza” será votada por la XVI Legislatura en las próximas horas. De ser aprobada, periodistas y ciudadanos serán considerados criminales por el solo hecho de documentar en fotografía o en video la escena de cualquier crimen. Sobre los infractores, pesará irremediablemente la cárcel. 

Los legisladores de Quintana Roo pretenden criminalizar el ejercicio periodístico creando un nuevo delito en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, bajo la figura del Artículo 250-Ter, cuya redacción a votación es:

“Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografie, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización”.

Según el proyecto que ha pasado al pleno cameral, la pena de cárcel incrementará cuando en la escena del crimen captada por la lente de los reporteros o civiles las víctimas hayan sido mujeres o infantes. 

Diputadas y diputados pretenden acotar una garantía constitucional al aprobar la iniciativa presentada por el diputado Luis Fernando Chávez Zepeda (Morena), presentada el 2 de marzo de 2020 ante la Oficialía de Parte del Congreso del Estado.

Otra iniciativa similar fue presentada el 17 de diciembre por el diputado Edgar Gasca Arceo (Morena), pero esta no superó el proceso legislativo y fue enviada al archivo. 

Ambas constituyen un retroceso de la libertad de expresión y supone un nuevo instrumento de censura de acuerdo a diversos tratados nacionales e internacionales y pone en riesgo el trabajo de reporteros, activistas y defensores de los Derechos Humanos que puedan resultar incómodos para el gobierno de Quintana Roo.

La ruta que siguieron Chávez Zepeda y Gasca Arceo es un calco legislativo que fracasó en el estado de Colima en noviembre pasado y la acción de inconstitucionalidad que revirtió la propuesta colimense contó con el respaldo total de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

La propuesta del Artículo 250-Ter viola la constitución

Esta no es la única ocasión que políticos y funcionarios públicos intentan construir un instrumento de censura en México.

Este año 2020, los congresos de cinco entidades federativas procesaron iniciativas similares. Además de los poderes legislativos de Quintana Roo y Colima, los de la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Querétaro exploraron mecanismos de censura muy parecidos entre sí entre el 4 de marzo y el 20 de junio a través de los cuales se pretendió sancionar con penas de tres y hasta ocho años de cárcel el derecho a informar sobre un crimen. 

Todas las anteriores fracasaron. Actualmente existe una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el expediente 191/2020 que tanto Luis Fernando Chávez Zepeda y Edgar Gasca Arceo omitieron en las consideraciones de sus respectivos proyectos de decreto.

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