Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, exdirector de VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S. A. (Saesa), fue vinculado a proceso y se mantendrá en prisión preventiva, tras una larga audiencia que culminó cerca de las 5:00 de la mañana de ayer martes.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado también se logró el embargo precautorio de cuatro propiedades inmuebles, un vehículo, un remolque y una motocicleta.

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Al exdirector de VIP Saesa se le imputa el delito de desempeño irregular de la función pública establecido en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Quintana Roo.

La sanción para ese delito, según el Código Penal, consiste en prisión de seis meses a tres años y de 30 a 200 días de multa.

El proceso corresponde a la carpeta administrativa 151/2017 abierta por una denuncia original presentada por la Secretaría de la Gestión Pública (SGP), sobre un presunto daño patrimonial cercano a los 10 millones de pesos por la autorización irregular de viáticos a pilotos de aeronaves.

No obstante dentro de las investigaciones, el Ministerio Público habría logrado acreditar daños por más de 300 millones de pesos por otras omisiones que derivaron en el patrimonio público del Estado.

Ante la determinación del Juzgado de Control, no se descarta que la defensa promueva un recurso legal contra la determinación, porque según los datos recabados, a su juicio, el procedimiento y el expediente estuvo plagado de irregularidades.

Una de esas irregularidades está relacionada con la certificación de las pruebas recabadas presentadas, lo cual se realizó por parte de un Colegio de Contadores Públicos, cuando por ley el trabajo debe ser realizado por un perito especializado.

El Colegio, que emitió la opinión técnica (vendida como un peritaje), es presidido por un contador que actualmente ocupa un cargo dentro de la propia Fiscalía General del Estado.

Además, trascendió que dentro del expediente se encuentra un oficio firmado por un Perito en materia financiera, de la Procuraduría General de la República (PGR), quien se negó a realizar el peritaje por presuntas irregularidades en la integración.