Cámaras empresariales de Quintana Roo se sumaron a otras organizaciones civiles y manifestaron su preocupación por el “riesgo de captura” que enfrenta la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, con la candidatura de la diputada con licencia Judith Rodríguez Villanueva. 

El documento firmado por representantes del Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, entre otras, alega que la integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) “tiene antecedentes relacionados con varios hechos de corrupción”. 

La diputada fue postulada por la mayoría de los grupos parlamentarios Morena, PVEM, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Auténtico Social. 

En el documento alegan que durante su participación en la XIV Legislatura, votó a favor de la aprobación del llamado “paquete de impunidad” de Roberto Borge, y en la designación de funcionarios por períodos tran-sexenales. 

“Además, estas sesiones se llevaron a cabo en un lugar diverso al recinto legislativo, violentando la formalidad del proceso legislativo para manipularlo”. 

Afirman que ha dado la espalda a las víctimas del 9N, dando por “cumplidas” las recomendaciones de Derechos Humanos. 

“Sus votos como integrante de la XV Legislatura, dejan ver que su actuación como titular de la Comisión Estatal, se ejercería con tendencias excluyentes y en retroceso al principio de progresividad que caracterizan a los Derechos Humanos, posición demostrada mediante el sentido de su voto en temas relacionado la paridad de género”, apunta el documento. 

Los organismos empresariales y organizaciones de la sociedad civil enfocados en temas de transparencia y rendición de cuentas; pidieron espacios políticos libres de personas con historial de corrupción, así como personas con una trayectoria. 

“Exigimos a un ombudsperson que emane de la sociedad civil y la represente. Demandamos un proceso de selección abierta y transparente que muestre claramente a la ciudadanía que la designación se realizó conforme a trayectoria y capacidades y en apego a los estándares nacionales de Designaciones Abiertas”. 

Cinthya Dehesa, de la organización Ciudadanos por la Transparencia, expuso que no se puede tolerar que los espacios públicos sean ocupados por personas con antecedentes de corrupción. 

“No más espacios en la vida pública a personas corruptas que han afectado negativamente a nuestro estado”.

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