Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La regulación tarifaria para las empresas de grúas terminará con los abusos que indiscriminadamente han hecho por sus servicios, al grado de encarecer hasta cuatro o cinco veces los costos promedio, y pese a la oposición de los mismos empresarios del ramo, el Reglamento de Tránsito municipal contiene la base jurídica para que el Ayuntamiento prescinda de sus servicios y dejar sin efecto el acuerdo que firmaron en febrero con la pasada administración.

Los representantes de las aseguradoras son de los primeros que agradecen que ahora sí el gobierno municipal termine con las injusticias de las grúas. Leonardo Barrios Jurado, director de Seguros Atlas, lamentó el actuar de estas empresas en general en Quintana Roo, algo que no sucede en otras partes del país.

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Narró que en una ocasión a uno de sus clientes que se vio envuelto en un hecho de tránsito le impusieron una tarifa de 30 mil pesos, únicamente porque tenía seguro. El personal de la empresa Peca le dijo que era el costo para las aseguradoras, por lo que Barrios Jurado dejó sin efecto el seguro y le reembolsaron al afectado los mil 500 pesos que le cobraban de manera particular.

Lo mismo le pasa a otras empresas. Wilbert Cambranis Medina, coordinador de aseguradora Quálitas, ha reclamado que se norme ese servicio desde hace años. Él aseguró que le ha tocado lidiar con precios inflados cuatro o cinco veces por encima de las tarifas que la oficializa la SCT.

Las tarifas de la SCT  van de los 282 pesos más 10.04 pesos por kilómetro recorrido, hasta los 472.50 pesos más 17.26 pesos por kilómetro recorrido, según el tipo de grúa que requiera al automóvil siniestrado.

Tránsito dejó de solicitar sus servicios

Desde el pasado 17 de octubre la Dirección de Tránsito dejó de llamar a las grúas para los hechos en los que interviene la autoridad, por lo que las empresas Econogrúas S.A. de C.V., Peca Vial (antes Grúas Cardona), Grúas del Carmen S.A. de C.V., Grúas Riviera S.A. de C.V. y Figueroa Grúas S.A. de C.V. comenzaron una serie de manifestaciones para que se les restituya.

El rol más reciente data del mes de julio, cuando esas cinco empresas y tres más que entraron en funcionamiento en ese mes acordaron tener la guardia de dos días para cada, cada 18 días. 

Antes de ese había un acuerdo “de voluntad” firmado en febrero por el gobierno municipal, las empresas y la Profeco. Ahí se estableció que cada una de las cinco empresas hacía la guardia cada 10 días, dado que eran menos.

En ese acuerdo se establecieron también las tarifas, mismas que según los mismos prestadores de servicio de grúas aún respetan, incluso con la entrada del nuevo gobierno cuando ya no estaría vigente según se lee en el mismo acuerdo “de voluntad”.

Lo que dice el reglamento

Pese a su oposición, el gobierno de Cristina Torres Gómez las ha dejado, al menos momentáneamente fuera. Aunque las empresas se escudan en una concesión otorgada por el Gobierno del Estado, ese permiso no implica que sustituyan la obligación que el Ayuntamiento tiene para dar el auxilio vial y que se enumera en el Reglamento de Tránsito, entre los artículos 201 y 208.

“El arrastre será ordenado por el Policía de Tránsito a las grúas de la Dirección de Tránsito o a las que ésta autorice para tales efectos”, dice el artículo 203.

Incluso históricamente el Ayuntamiento ha violado la misma normatividad al no hacer efectivo lo que a la letra dice el artículo 204: 

“Los gastos que ocasione el arrastre serán a cargo del infractor, de acuerdo a la tarifa que al efecto expida el Honorable Ayuntamiento. El pago del arrastre solo se podrá realizar en las cajas de la Tesorería Municipal independientemente de que el servicio lo realice una grúa particular autorizada por la Dirección de Tránsito”.

El Ayuntamiento no cobraba los arrastres, sino las empresas lo que les permitió inflar las tarifas, mismas que nunca fueron reguladas por la autoridad municipal, hasta esta administración, que presentará un nuevo mecanismo de trabajar esta misma semana y que obligaría a las grúas a dar su servicio bajo las directrices municipales.

Pese a que Torres Gómez ha dicho lo contrario, los empresarios de la grúas afirmaron que las han dejado fuera a cambio de meter a Abimerhi, Salvamentos del Caribe S.A. de C.V., una empresa yucateca que están dando el servicio para la Dirección de Tránsito, cuyo parque vehicular es presentada oficialmente como propiedad del Ayuntamiento.

Empresas de grúas ‘nuevas’

Las tres empresas que se adicionaron julio al rol de las guardias son Mayaum, propiedad de Jacinto Aguilar Silvarán, exdelegado de Sintra y exlíder de los taxistas; la otra es Quality de capital Yucateca y la tercera de la que todos los inmiscuidos se han reservado el nombre es, extraoficialmente, de Rafael Castro Castro, ex presidente municipal.