En Q. Roo ninguna mujer está en prisión por abortar: Organización feminista
Colectivos feministas locales ponen en "tela de juicio" la información sobre el aborto en el estado.
En Quintana Roo ninguna mujer purga una pena en prisión por el delito de aborto, según la información oficial obtenida por el Grupo de Información en Reproducción Elegida, una organización mexicana que promueve el derecho de las mujeres a decidir.
Sin embargo, colectivos feministas de Quintana Roo ponen en duda la veracidad de la información oficial.
Yunitzilim Rodríguez, del colectivo Marea Verde, afirma que muchas de las mujeres que han sido procesadas por esta causa obtuvieron una sentencia en su contra por el delito de feminicidio.
La también integrante de la Red Feminista Quintanarroense expuso que no hay forma de saber, a ciencia cierta, cuántas mujeres han sido sentenciadas por abortar, debido a la ambigua tipificación.
En Quintana Roo el aborto está permitido hasta las 12 semanas de gestación únicamente por cuatro causales: imprudencial (accidental), violación, riesgo para la mujer y malformaciones congénitas.
Cada año las instituciones de salud del estado atienden a mujeres por temas de aborto.
Según Ipas México, entre 2002 y 2019 se ha registrado una tendencia variable en la atención hospitalaria por aborto en el estado.
“Al principio del periodo, se registraron dos mil 422 egresos por aborto; durante 2019 se registraron mil 676 egresos hospitalarios por abortos, con variaciones importantes. En 2016 hubo un descenso considerable; luego, un pico en 2017, y nuevamente un descenso en 2018”, indica.
En el último año del que se tiene registro, 2019, se presentó un leve aumento.
“Hay que considerar que en este periodo hay informes de años con datos incompletos, por lo que es difícil determinar la tendencia real. Este comportamiento se desarrolló a expensas de un aumento en los registros de la Secretaría de Salud, de 991 en 2002 a 1 673 en 2019”, explica la organización.
En marzo pasado los diputados de Quintana Roo votaron en contra de la iniciativa de Ley que buscaba despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en todas sus causales, tras la presión de los colectivos feministas para dictaminar en la materia.
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