Por caro y sobrecalificado: el sistema blockchain contratado por el diputado Gustavo Miranda García para el Congreso local, dejará de prestar servicio.

Con ello se regresará al sistema propio del Poder Legislativo y se ahorrarán casi cinco millones de pesos por la renta de esta tecnología implementada cuando Miranda García estuvo al frente de la  Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado

La decisión de cancelar el uso del blockchain se debe a que este sistema es muy costoso y sobrecalificado para las necesidades del Poder Legislativo estatal, reveló Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Jugocopo.

“La anterior Jugocopo decidió contar con este sistema, que es muy bueno, pero a partir de esta semana entra en funciones el sistema propio que tiene el Congreso”.

Detalló que el procedimiento desde que ingresa un documento al Congreso, es el mismo entre el sistema que anterior y el blockchain, pero la diferencia es que este último cuenta con tecnología de encriptación que no permite alterarlos.

“Es un sistema que da mucha seguridad, pero finalmente la información que manejamos, toda, es pública: no tenemos información reservada. Entonces se valoró, independientemente que el contrato venció en agosto”.

Por ello no se renovó el contrato para continuar con este servicio.

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, consideró como buena decisión suspender el servicio para el control y seguridad de iniciativas, pues no sólo era poco funcional para las necesidades del Congreso del Estado, sino por diversas irregularidades que se presentaron.

“Siempre señalamos un costo tan alto, sobre todo con una empresa que no se tenía muy bien definida cierta información, como su ubicación: decían que en Oaxaca, pero no había certeza de ello”.

Consideró que debe ser la actual Jugocopo y la Auditoría Superior del Estado quienes realicen una investigación para sancionar a quien haya suscrito un contrato que no benefició al Congreso del Estado.

“Espero que no sólo quede en la no contratación, sino que se haga una auditoría por la forma de contratación y se finque una responsabilidad por la manera tan irresponsable de firmar este contrato que le costó al Congreso del Estado una cantidad millonaria y sin ningún beneficio”.

El entrevistado pidió a Martínez Arcila que se investigue y sancione a los responsables de este caso, pues de lo contrario formará parte de una “cadena de complicidad”.

Galaviz Ibarra consideró que este tipo de contratos -que se dan seguido en cada cambio de partido que preside la Junta-, se debe al presupuesto excesivo del Congreso estatal.

“El Congreso tiene un presupuesto muy excesivo que les da para hacer este tipo de contratos. Creo que deben plantearse muy seriamente la reducción del presupuesto para que no se pueda hacer orientaciones del gasto a cuestiones que no le corresponden al legislativo”.

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