Adrián Barreto/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Ex funcionarios que acompañaron a Mauricio Góngora Escalante en la pasada administración se han rehusado a cumplir con los procedimientos que la Contraloría les ha levantado, lo que ha motivado que se solicite prisión preventiva para aquellos quienes resultaron inmiscuidos en las denuncias penales.

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“Hay varios que no han acudido (a la Contraloría) y otros han mandado representantes legales; cuando presentamos denuncias y no comparecieron hemos solicitado se investigue si se ha movilizado de la ciudad, y eso nos permite saber si solicitamos la prisión preventiva o en su caso no se le permite el beneficio de la libertad bajo caución”, dijo la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez.

De los 250 procesos administrativos iniciados contra colaboradores del gobierno en la administración 2013-2016, existe la presunción de que algunos ya no se encuentran en Playa del Carmen, aunque corresponderá a las instancias judiciales declararles, si así se comprueba, prófugos de la ley.

Además de Felipe de Jesús Castillo Meseta, ex director de Egresos detenido por peculado, existen, según se sabe, hay otras cinco órdenes de aprehensión derivadas hasta ahora, cuatro denuncias penales en contra de Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro, ex presidentes de la pasada administración.

También en contra del ex tesorero Gabriel Castro Cárdenas; el ex director de Servicios Públicos, Noel Crespo Vázquez, y la ex directora de Recursos Humanos, Miriam Morán Ramos.

La Fiscalía ha manejado con secretismo tanto la audiencia inicial de Castillo Meseta, como la ejecución del resto de las órdenes de aprehensión que datan de hace dos semanas, aproximadamente.

Oficialmente no se ha detenido a ningún ex funcionario de manera preventiva, pero Torres Gómez indicó que espera que la Fiscalía desempeñe con eficacia su labor.

Hasta este mes de septiembre había más de 250 procesos administrativos contra ex funcionarios y 37 auditorías, que han alimentado las denuncias penales, y la cifra aún está en crecimiento pues hay en puerta procesos en contra de ex asesores de la presidencia municipal por no haber hecho sus declaraciones patrimoniales, entre otros expedientes.