20 de Agosto de 2018

Chetumal

Exigen una indemnización por atropellamiento

La familia pide intervención oficial para obligar a línea de autobuses a pagarles por el accidente.

Una familia apela a las instancias legales para exigir a una línea de autobuses el pago de los daños por la muerte de su familiar. (Manuel Salazar/SIPSE)
Una familia apela a las instancias legales para exigir a una línea de autobuses el pago de los daños por la muerte de su familiar. (Manuel Salazar/SIPSE)
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Manuel Salazar/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Desesperados por la falta de respuesta de una empresa camionera para resolver un problema suscitado hace dos años, que dio como resultado la muerte de una persona, miembros de una familia apelaron a las instancias legales para que, cuanto antes, se obligue a la línea de autobuses al pago de los daños, y la indemnización correspondiente.

Embestido por un camión

El hermano, de quien en vida respondiera al nombre de Manuel Antonio, explicó que el 19 de octubre del 2012, su pariente circulaba a bordo de una motocicleta que recién había comprado en la cabecera municipal de José María Morelos; al arribar al crucero de la población de Santa Gertrudis fue embestido por un camión de pasaje de la línea Mayab, muriendo de forma instantánea a causa del impacto.

Se niegan a realizar el pago

“El chofer que manejaba el autobús avanzó hasta la población de Presumida, a unos cuatro kilómetros de ahí, abandonó la unidad y desde entonces no se sabe nada de él. A esta fecha, el autobús ya fue regresado a la empresa, está circulando por las carreteras y la compañía, así como su grupo de abogados, no quieren hacerse responsables de pagar los daños y la indemnización correspondiente, debido a que se supone que el transporte contaba con seguro que ampara ese tipo de situaciones”, afirmó el denunciante.

Explica que han acudido a las oficinas de la compañía en la ciudad de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, pero solamente reciben evasivas, y hasta ahora ha sido una pérdida de tiempo, por lo que hizo un llamado a los responsables del Poder Judicial y de la Procuraduría de Justicia del Estado para que atiendan la situación que se ha prolongado ya por casi dos años, sin que se les haga justicia.

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