Octavio Martínez/SIPSE
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La tipificación como delito falso  emisión de facturas apócrifas, tipificada ahora como delito grave luego de la reforma aprobada por el Senado de la República, generó opiniones divididas entre dos de las principales organizaciones de contadores en Quintana Roo.

Por un lado, José Gabriel Polanco Bueno, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo, sostuvo que la reforma ayudará a afianzar la recaudación a nivel federal e impactará de manera positiva en los más de 700 mil contribuyentes que hay en la entidad.

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“Con el fin de bajar los casos de lavado de dinero, buscar que los contribuyentes no hagan uso de facturas apócrifas, creo que la mejor manera de inhibirlo es poner castigos o consecuencias mucho más fuertes y tipificarlo como delincuencia organizada (…) creo que es válida la propuesta porque hay que reducir este tipo de casos, prácticamente lo que se llama facturación falsa o empresas fantasmas baja la recaudación”, sostuvo Polanco Bueno.

No obstante, Pedro Escobedo Vásquez, representante estatal de la Asociación Nacional de Fiscalistas.Net, opinó que habrá una persecución en contra de los contribuyentes y se mostró mejor a favor de activar los mecanismos para hacer valer las lagunas legales que existen en ciertas leyes.

“Se me hace muy agresiva la manera en la que nos están tratando los legisladores, ya sea los senadores o los diputados federales, si bien es cierto para promover la economía del país necesitamos buscar nuevas formas de recaudación, pero no de una manera tan agresiva, porque ellos mismos saben quiénes son los que emiten facturas apócrifas porque luego pasa que son los mismos senadores, los mismos diputados que tienen empresas que buscan la evasión fiscal (…) el sentir de nosotros los contadores, hace que parezcamos delincuentes fiscales”, dijo Escobedo Vásquez.

La reforma aprobada por el Senado eleva de cinco a ocho años de prisión la pena  para quien adquiera facturas falsas.

Lo anterior luego de diversas modificaciones a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal

Federal.