Caso First National Security: Confirman irregularidades en el “robo del siglo”
Juez sentenció que los agentes de la entonces Procuraduría General de la República cometieron ilegalidades durante la inspección a las cajas de seguridad.
A cuatro años de la irrupción de agentes federales y la apertura ilegal de más de mil cajas de seguridad de la empresa First National Security, en Cancún, finalmente la justicia comienza a alcanzar el caso, uno de los más sonados y calificado como “el robo del siglo”.
Una nueva sentencia emitida ahora por un Tribunal de Enjuiciamiento, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cancún, confirma una vez más la serie de ilegalidades en las que incurrieron agentes de la Fiscalía General de la República (antes PGR), aquel octubre 2017.
Se trata de la causa penal 50/2019, mediante la cual la Fiscalía General de la República acusaba a la empresa First National Security del delito de encubrimiento, por la supuesta localización de armas y cartuchos.
El juicio oral, celebrado del 17 de junio al 15 de julio de 2021, cuya lectura pública de sentencia fue realizada el 19 de julio, demostró que dichas acusaciones fueron basadas en indicios y elementos inexistentes.
“Se absuelve a la moral acusada… por los hechos motivo de la acusación, ya que en el caso no se demostró que hayan cometido el delito de encubrimiento que prevé y sanciona el artículo 400, fracción III del Código Penal Federal”,
sostiene la sentencia firmada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.
En todo el proceso del juicio, la FGR aportó elementos que en lugar de sustentar sus acusaciones, únicamente evidenciaron los vicios en el proceso instaurado en contra de la empresa First National Security, la cual tenía más de 25 años operando en Quintana Roo.
¿Qué resolvió el juez?
La causa penal 50/2019 fue iniciada por la FGR meses, incluso, años después de aquel cateo ejecutado el 9 de octubre de 2017.
En su acusación, la FGR señalaba que la empresa favoreció el ocultamiento de objetos ilícitos, porque según los fiscales durante el cateo se encontraron dos cajas que contenían armas y cartuchos, los cuales debieron ser notificados a la autoridad, como señalan los propios contratos entre la empresa y sus clientes.
Pese a que la autoridad federal presentó a 10 testigos (agentes y ex agentes) en busca de sustentar sus acusaciones, en la práctica únicamente revelaron que las actuaciones estuvieron plagadas de irregularidades, incluso, nunca pudieron ponerse de acuerdo sobre la hora, fecha y lugar del hallazgo de los supuestos objetos ilícitos.
La acusación de la FGR afirmaba que fueron encontrados el 26 de noviembre en una barra de la segunda planta del edificio; sin embargo, declaraciones del único testigo que acreditó haber estado en el momento, echó abajo la versión.
Primero porque dijo que la diligencia se efectuó el 27 de noviembre, un día después del supuesto hallazgo, además de que las dos cajas en realidad estaban dentro de la bóveda, que fue abierta ese día.
“No existe una plena demostración del lugar, día y hora en que esos objetos (incorporados) fueron hallados, ni tampoco que tales objetos sean los mismos que fueron encontrados dentro de la bóveda de la moral ya sea el 26 o, en su caso, 27 de noviembre de 2017, y por tanto, que jurídicamente puedan conformar los objetos materia de la acusación en el juicio que se resuelve”.
En una segunda razón para absolver a la empresa, el juez determinó que quedó plenamente demostrado que las dos cajas, con supuestos objetos ilícitos, fueron halladas dentro de la bóveda, la cual se abrió sin la orden de un juez.
“Los objetos encontrados como resultado de tal técnica, como pudieron ser los señalados como materia de acusación o los incorporados a juicio, se determinó que fueron obtenidos violentándose derechos fundamentales, por tanto, con apoyo en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 357 del Código Nacional de Procedimientos Penales son nulos, por lo cual no tiene valor alguno y deben ser excluidos del caudal probatorio”.
¿Cuáles fueron las irregularidades cometidas en el caso First National Security Cancún?
Las irregularidades en la actuación de la entonces PGR quedaron acreditadas en la recomendación 06/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como en varios amparos indirectos promovidos tanto por la empresa como por clientes.
Los amparos le dieron la razón a los afectados, aunque existen recursos legales ante Tribunales Colegiados, presentados por la autoridad federal, que están en curso y esperan la ratificación de la sentencia a favor de la empresa y los clientes.
Según esos informes oficiales, el agente del Ministerio Público Federal fue omiso a la hora de solicitar el cateo, al no informar al juez que el lugar era un establecimiento mercantil abierto al público con giro de renta de cajas de seguridad y resguardo de valores.
La Seido debió hacer una nueva solicitud al juez de control, señalando qué cajas de seguridad tenían relación con la investigación y esperar el libramiento de una nueva orden para abrirlas y extraer su contenido.
El 27 de octubre de 2017, 18 días posteriores al aseguramiento, la autoridad federal realizó una nueva diligencia para abrir la bóveda y todas las cajas de seguridad para extraer su contenido, sin contar con una nueva orden de cateo, según quedó registrado en reportes de prensa y los informes en manos de la CNDH.
Sin embargo, en el juicio oral los agentes afirmaron que la apertura oficial se realizó el 27 de noviembre, lo que devela que posiblemente incursionaron en múltiples ocasiones a la bóveda, todas las veces sin la autorización previa de un juez.
Cronología del caso de First National Security Cancún
El 31 de marzo de 2017, la Seido inició el número de caso FED/SEIDO/UEIDCS/PUE/0000740/2017 por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; contra la salud en la modalidad de posesión del psicotrópico denominado clorhidrato de metanfetamina, con fines de transporte; y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
El 6 de octubre de ese mismo año el agente del Ministerio Público Federal solicitó a un juez de control una orden de cateo, la cual fue autorizada ese mismo día a las 19 horas, fijando que la diligencia debía realizarse en un término de 72 horas.
El documento judicial autorizaba el uso de los medios lícitos necesarios para el acceso al inmueble referido y a todas las extensiones que lo compongan, como pasadizos, corredores, túneles, calabozos, cuartos ocultos o instrumentos de intercomunicación con lugares adyacentes al propio inmueble, además otorgaba el permiso para el rompimiento de cerraduras, chapas y candados.
“En el caso que no se encuentre persona alguna o se presente oposición al cateo, en la inteligencia de que los bienes de propiedad privada no relacionados con dicha indagatoria, deben permanecer intactos, y para el caso, de que no hubiere persona alguna al concluir la diligencia, el personal ministerial autorizado cerrará y asegurará ese bien, bajo su más estricta responsabilidad”, señalaron las condiciones.
Cerca de las 1:30 de la mañana del día 9 de octubre, la alerta de alarma del local comercial se disparó, en el momento que agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ingresaron al sitio, mientras que el exterior del edificio era custodiado por elementos de la Policía Federal.
Más tarde, el lugar fue sitiado con tanquetas y agentes de la Secretaría de Marina (Semar), sin posibilidad de que alguien pudiera ingresar, ni siquiera los representantes legales de la empresa.
De acuerdo con la información, los agentes iban en busca de dos cajas posiblemente relacionadas con personas implicadas en una investigación federal, sin embargo, terminaron por asegurar alrededor de mil 500 cajas rentadas por igual número de clientes.
Muchas de las cajas, incluyendo el contenido (dinero, joyas, documentos, entre otros objetos de valor) fueron trasladadas a la Ciudad de México y hasta la fecha un número desconocido de cajas no han sido aún entregadas a sus dueños.
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