Fiscal de Quintana Roo presenta avances a tres años de tomar el cargo
Óscar Montes de Oca Rosales reconoce el reto de encabezar la Fiscalía General del Estado, pero afirma que vale la pena cuando se logran resultados.
Con 1.8 millones de habitantes y casi 20 millones de población flotante al año, procurar justicia en un estado turístico como Quintana Roo representa un enorme reto.
“Pero finalmente vale la pena cuando tienes casos de éxito, cuando haces bien tu trabajo. Eso es lo que nos impulsa a seguir”,
platica Óscar Montes de Oca Rosales, quien cumple tres años de estar al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).
La pandemia agregó un riesgo más a la lucha contra el crimen, pero también representó una oportunidad: aceleró la implementación de estrategias y mecanismos que ahora permiten a la ciudadanía, incluso, poner una denuncia sin tener que ir personalmente a las instalaciones de la FGE.
Cuando se tienen ciudades como Cancún y Tulum, tan demandados por los mexicanos y extranjeros, se está en los ojos del mundo, por lo que la coordinación entre instancias ha sido primordial.
¿Qué ha pasado en estos tres años, qué hay de los planes y proyectos que traía?
Respuesta: Hemos logrado avances muy significativos. De todos los proyectos que teníamos, estamos cumpliendo con el 40 o 50%. Se nos atravesó un año complicado. La pandemia detuvo muchas cosas pero eso también aceleró los temas tecnológicos. La Denuncia en Línea, la implementación del Ministerio Público Móvil, la APP de Alerta Violeta. Todo lo que se pudo hacer cuando la pandemia estaba en su apogeo fue en beneficio de la ciudadanía, en el fomento de la cultura de la denuncia y más que nada para atender a las víctimas, en este caso, a víctimas mujeres que es nuestro principal objetivo.
En materia de resultados, ¿cuál es el balance?
Nos levantamos todas las mañanas para cumplir con nuestra función al 100% y eso ha impactado en las estadísticas.
Homicidios
En el 2018, cuando llegué yo a la Fiscalía se contabilizaron 866; en 2019 bajó a 799; ahora en 2021 llevamos 659.
Quizás no es mucha la diferencia, pero a lo que voy es que ya estamos luchando contra nuestros propios números. Hemos establecido nuestros rangos de estadística y tenemos que estar siempre a la baja.
Órdenes de aprehensión
En 2017 se solicitaron 275; en 2018, 315; en 2019, 503; 2020, 631; y en 2021 tenemos 535. Los números reflejan que se hace un trabajo de investigación para llegar ante los jueces con datos de prueba.
Audiencias de vinculación
En este caso, sale la orden de aprehensión y lo que sigue es atrapar al delincuente; después llevarlo ante el juez para la imputación y solicitar la vinculación a proceso. En 2018, teníamos 595; en 2019, 1023; en 2020, 924; y ahora en 2021, 839.
Cateos
Esta es una técnica de investigación muy importante, porque te permite asegurar objetos o instrumentos del delito y esos son datos de prueba que vas a llevar a un proceso, para poder acusar a alguien de la comisión o haber participado en un delito. En 2017 solo se solicitaron 29 órdenes; en 2018 solo 37; en 2019, 106; 2020, 134; y en 2021 llevamos 152.
¿En qué porcentaje podemos decir que se resuelven los casos?
Tenemos un porcentaje aproximadamente del 20 al 30%, es un porcentaje estándar medio a nivel nacional pero no satisfactorio. Nos falta tener más tecnología, más equipo para los policías, más personal.
Iniciamos cada año 45 mil carpetas aproximadamente, de ellas, el 30% es robo; violencia de género, está entre el 10 y 15%; lo demás se dispersa. En Incidencia delictiva nacional, Quintana Roo no representa ni el 1%.
¿Qué sucede con el rezago y qué es lo que dificulta el desahogo de todos los expedientes?
Teníamos 114 mil carpetas, más 45 mil que se suma cada año. Nos quedan 60 mil carpetas del año pasado y no estamos dejando que haya más rezagos. Tenemos el plan de persecución penal, una guía de todas las áreas y estructuras para tener claro cómo dar trámite a cada uno de los expedientes, las rutas de atención, las rutas de gestión de los trámites. Es un gran logro para la Fiscalía tener su plan de persecución penal, que es una obligación de acuerdo con la ley, es nuestra directriz y nuestro horizonte, hacia dónde vamos.
En la atención confluyen muchos factores. En primer lugar es la víctima. A veces en un delito de violación, un delito de violencia de género, son de comisión oculta, no vas a ir a buscar 10 testigos, sino que la propia víctima se convierte en el órgano de prueba que va a aportar la información, y muchas veces -se explica y se entiende- no quiere aperturarse y eso complica los procesos de investigación.
Tiene que haber una labor de convencimiento, darle atención psicológica, un tratamiento, todo eso hasta que ella decide aportar la información y es como va avanzando la investigación. A veces también hay falta de interés de la víctima, a veces no están localizables las personas, y datos de prueba que no están a la mano.
El recurso humano es de suma importancia, ¿cuántos hay y cómo los están actualizando?
Tenemos aproximadamente mil 852 empleados, 580 son policías, 350 Ministerios Públicos, y el resto es personal administrativo o auxiliares de ministerios públicos y peritos. Nos hacen falta, pero debemos trabajar con lo que tenemos. Hice una petición al Congreso de contratar a 250 personas; en una primera instancia nos proporcionaron 100 plazas, y eso nos permitió abrir áreas que no había; por ejemplo no había la Dirección de Estadística, una Dirección de Tecnología de la Información, Unidad de análisis y contexto. Quedan pendientes 150 plazas, con los que podemos llegar en uno o dos años a los objetivos planteados al inicio de esta administración.
¿En qué impacta el hecho de que Quintana Roo sea turístico?
En mucho, porque en el estado hay un millón 800 mil habitantes registrados en el INE, aproximadamente, y recibe 20 millones de turistas anualmente, y estos turistas requieren de servicios de agua, luz, drenaje, pero también de seguridad y procuración de justicia, entonces imagínate todo ese universo de personas a las que hay que estar atendiendo, y súmale la migración interna temporal en el estado, porque hay quienes vienen a temas de construcción, de servicios y todo, y que en sábados y domingos se regresan a sus entidades.
Esto complica e impacta, por eso es que siempre nos hemos inconformado de que nos califican la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, porque no nos toman en cuenta todo ese universo de personas.
¿Qué avances hay en casos como el de Tulum y Puerto Morelos?
En Tulum tenemos órdenes de aprehensión pendientes, 3 personas han sido detenidas, se hicieron entre 5 y 6 cateos, tuvimos un aseguramiento histórico -casi 16 kilos de coca, armas de fuego, municiones-. Ha inhibido la incidencia la presencia de la policía y de la Guardia Nacional. Se explicó la causa, un pleito entre narcomenudistas por ganar espacios.
Puerto Morelos también fue un problema entre grupos de narcomenudistas, también ya hubo detenidos y están siendo procesados. En Cancún ha habido aseguramientos (en la playa). Acabamos de hacer uno en Isla Blanca, ya teníamos monitoreado ese punto crítico, ya hubo detenidos. Ya está identificado al líder de ese grupo, esperemos pronto tenerlo tras las rejas.
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