Benjamín Pat/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- Al menos 130 funcionarios serán dados de baja de la administración estatal, al perder efectos sus nombramientos, por no haber presentado sus declaraciones patrimoniales dentro del plazo legal establecido, confirmó Rafael Del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Gestión Pública.

El funcionario detalló que se trata de un 90.58% de cumplimiento en la obligación de los servidores públicos, una cifra récord tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de ejercicios anteriores y de los gobiernos anteriores.

“El plazo venció hace unos días y estamos aún en el periodo de aclaraciones. En el caso de aquellos que no cumplieron, obviamente se quedan sin efectos el nombramiento que tienen”, advirtió el funcionario.

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Para el entrevistado se trata de una obligación que fue ampliamente publicada entre los funcionarios, de ahí que no existe pretexto para no cumplir con dicha disposición.

De acuerdo con los datos del Gobierno del Estado, en la Administración Pública Central, cuya declaración patrimonial es directa ante la Secretaría de la Gestión Pública, existen 7 mil 607 plazas.

De ese total, 798 ostentan cargos de jefe de departamento, otros 481 son directores, 96 más ocupan cargos de subsecretarios de dependencias, 16 secretarios de gabinete, además de un gobernador.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, los funcionarios obligados a presentar declaración patrimonial en el mes de mayo son aquellos que ocupan plazas desde el nivel de jefe de departamento, así como aquellos que manejan recursos, sin importar el nivel.

“La obligación comienza desde el jefe de departamento para arriba. Sin embargo, sin importar el nivel, todos aquellos que están en áreas susceptibles a actos de corrupción, algunos ejemplos son cajeros, custodios, entre otros”, mencionó Del Pozo Dergal.

A partir de la presente administración estatal, la Secretaría de la Gestión Pública aplica de manera estricta la legislación con el objetivo de combatir de manera frontal los posibles actos de corrupción.