Alejandro Castro/SIPSE
CANCÚN, Q. Roo.- Jorge David Segura Rodríguez, amigo y socio de Gustavo Miranda García es otro de los partícipes en un entramado legal para proteger la herencia del hoy presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Quintana Roo.

La madre del legislador, Erika Luz García Deister, junto con amigos del diputado, enfrentan una denuncia penal porque según el Banco Sabadell simularon un juicio laboral para evitar que el banco pudiera embargar una propiedad de lujo que estaba dado como garantía de una millonaria deuda.

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De acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad, el mismo modus operandi fue utilizado para el caso de otras propiedades con que cuenta Erika García Deister, como el departamento ubicado en la sección 2 de la Zona Hotelera de Cancún, que también era garantía de una deuda con Scotiabank Inverlat, por un monto de dos millones 73 mil 175 pesos.

El predio ubicado en el bulevar Kukulcán también fue hipotecado como garantía de otro crédito por 12 millones 852 mil 663 pesos que la empresaria adquirió con una persona de nombre Adriana “N”.

En 2015, los dos acreedores reclamaron el embargo del departamento para subsanar las deudas adquiridas por la madre de Gustavo Miranda.

No obstante, al igual que Pablo Bustamante, ese mismo año otro integrante del Consejo Político del Partido Verde y candidato plurinominal en las elecciones pasadas, Jorge David Segura Rodríguez, interpuso una demanda laboral contra la empresaria y su compañía García & Miranda Tranding S.A de C.V, misma que ganó en modo express junto con otras tres personas: Esaú González Cruz, Florentina Araujo Zamora y Xavier Miro Soriano.

Segura Rodríguez es socio de Gustavo Miranda en la empresa de transporte Xolos Transfer S.A de C.V., la cual conformaron en 2018, pese a que el primero mantenía un juicio laboral en contra de su madre y a través del cual ella “perdería” un departamento.

En abril de 2016, Teresa de Jesús Ku Pat, presidenta de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, ordenó la audiencia de remate derivada del juicio promovido por Jorge David Segura, en la cual los “ex trabajadores” demandantes resultaron acreedores del inmueble. A cada uno le correspondió el 25 por ciento de la propiedad valuada en tres millones 820 mil pesos.

Éstos, a su vez, revendieron el departamento a una tercera persona, la misma “compradora de buena fe” que adquirió el departamento de Maioris Towers: María Elena Martínez Arriaga.

No obstante, como ocurrió con Banco Sabadell, el juez cuarto de distrito ordenó en 2018 reponer la audiencia de remate por haber tenido “vicios formales”, al no haber llamado a los otros adjudicatarios: Scotiabank Inverlat y Adriana “N”.

Sin embargo, en febrero de 2019, la nueva presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Cozumel, Adriana Lizama Uc, hizo una nueva anotación de adjudicación en favor del socio de Gustavo Miranda, Jorge David Segura y los otros “ex trabajadores” a fin de que no se inscriban más embargos al inmueble, es decir, esta resolución impide que tanto Scotiabank Inverlat como Adriana “N” puedan recuperar el monto de sus respectivos créditos a través del embargo hipotecario.